El alza en el precio de la gasolina produjo un legítimo malestar entre diversos sectores de la economía y población mexicana. Las empresas dependen de esta fuente energética para desarrollar una parte importante de sus actividades y la población que usa automóvil para desplazarse también presenta esa dependencia, sólo falta que aquellos que recurren al transporte público también sufran el aumento del pasaje que derive del nuevo costo del combustible, como ya se ve anticipó en Torreón.
Es legítimo el malestar de la gente porque expresa la desatinada conducción de la economía por parte de nuestros políticos y economistas neoliberales que nos vuelven a someter a condiciones de estrés derivado de los altibajos que, si bien son inherentes a los procesos cíclicos del capitalismo, no los exenta de responsabilidad porque aplican una medida como ésta (el aumento al precio de la gasolina por la supresión del subsidio gubernamental a los combustibles) como parte de su plan de austeridad.
No les salieron sus predicciones económicas y alguien tiene que pagar los costos: el precio del petróleo no aumenta, las inversiones privadas, particularmente de las trasnacionales, no ocurren para extraer el petróleo del fondo marino o del gas shale, no se presentan o no son rentables por lo que no fluye capital al sector energético, la deuda contraída por el gobierno federal ha crecido y para ser manejable hay que aplicar el plan de austeridad reduciendo el gasto público para no incrementar el déficit fiscal.
El gobierno afirma que al eliminar el subsidio a los combustibles y liberalizando su mercado el precio bajará o se estabilizará conforme suceda la competencia derivada de la presencia de otras compañías, la magia de la oferta y la demanda cumplirá su parte, la ciencia económica se convierte en retórica política. Pero mientras tanto, ajustémonos los cinturones tanto empresas como población en general, donde inevitablemente aquellos que no puedan sortear este ajuste saldrán de la producción y mercado o sufrirán en sus economías domésticas. Así de fácil.
Lo que molesta de esta medida es la improvisación que refleja la clase política en el manejo de la política económica, coloquialmente, el ramalazo que avienta cuando quizá lo que debiera ocurrir es que con debida anticipación se anuncie la supresión del subsidio gubernamental a los combustibles o su reducción gradual para que empresas y población se preparen y ajusten sus actividades y vida con un mayor margen de posibilidades.
Ante un evento como éste observamos que esa dependencia de los hidrocarburos como fuente energética no es sostenible en el presente ni en el futuro, ya que, por un lado, su uso ha sido uno de los factores clave del desequilibrio climático a nivel planetario cuyas consecuencias graves aún están por verse y, por el otro, no podemos continuar sujetos a esta fuente de energía que tiene no sólo implicaciones económicas sino también geopolíticas y de otra índole.
Por ello nuestra inconformidad debe encauzarse por la búsqueda de opciones que conviertan las crisis en oportunidades. Se requiere un cambio drástico en la política energética del país, la apuesta ya no es viable por esa dependencia de los hidrocarburos sino que debe orientarse a, por un lado, cancelar los proyectos absurdos como la explotación del gas shale que contribuirá al calentamiento del planeta y provocará un desastroso impacto ambiental en los lugares donde ocurra y, por el otro, incentivar la inversión en otras fuentes energéticas alternas, particularmente las energías limpias. Debemos presionar para que ocurra una transición energética sostenible que reduzca esa dependencia.
Para los ciudadanos es fundamental cambiar los medios de transporte, reducir la dependencia del automóvil para sustituirlo por un transporte público eficiente y de calidad a la par de crear la infraestructura vial que permita la movilidad no motorizada. Un transporte público accesible, seguro y bueno beneficia principalmente a aquellas personas que no poseen automóviles, porque el actual, al menos en nuestra región es todo lo contrario, caro, inseguro y de mala calidad, los garramiones no dan para más.
Un transporte de calidad también beneficia a las empresas porque permite que sus trabajadores no sólo se desplacen de sus viviendas a los centros de trabajo con oportunidad de tiempo y seguridad, sino que les impactan menos en sus ingresos y posibilitan acudir a ellos en tiempos más óptimos; también benefician a la clase media que usa el automóvil hasta para ir a la esquina de su casa, le permitirá desplazarse en esas condiciones con fines laborales o personales sin mayores problemas.
El diseño de las vialidades de ciudades como Monterrey, réplica de las urbes americanas que también se pretende replicar localmente, está hecho para automóviles; es indispensable que nuestros ingenieros civiles y arquitectos cambien sus paradigmas y desplieguen su imaginación en nuevas formas que posibiliten el desplazamiento peatonal y en bicicleta, cambio que también requieren los políticos que deciden donde invertir el dinero público.
La reacción que expresamos al ramalazo gubernamental no sólo separa cada vez más a la élite política de los ciudadanos, es un evento adicional a lo que viene ocurriendo desde hace años, es legítima, encaucémosla hacia opciones alternas a la improvisación del actual gobierno, orientémosla hacia medidas de política pública con mayor futuro.
