El anuncio del incremento de alrededor de 20 por ciento en el precio de las gasolinas y el diesel ha disparado lo que el propio gobierno de la República bautizó hace meses como “mal humor social”.
La reacción, como era de esperarse, ha sido negativa a pesar de las explicaciones optimistas de la Secretaría de Hacienda. Para la mayoría de la población la realidad es una: será más costoso trasladarse de un lugar a otro si se utiliza cualquier vehículo automotor.
Y es que, contrario a lo que se dice, el aumento no sólo afecta a las familias que cuentan con un automóvil particular, sino también a los que usan el transporte público, ya que ante el alza en los combustibles, el incremento en la tarifa es inevitable.
A lo anterior hay que sumar el impacto que tendrá en el transporte de carga y la maquinaria del campo, lo que seguramente desatará una espiral alcista en los precios de productos básicos que afectará a toda la población.
Como argumento a favor, las autoridades federales esgrimen que con el aumento en el precio de la gasolina habrá más recursos por concepto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), mismos que terminarán en las arcas de los estados que podrán disponer de ellos para inversión pública.
El problema es que el sistema de transparencia y rendición de cuentas en México sigue siendo débil, por lo que la mayoría de los mexicanos desconfía del manejo que se le da a los recursos del erario. Basta mencionar los casos de exgobernadores y gobernadores que actualmente se encuentran en la mira por escándalos de corrupción, desvío de dinero público y endeudamiento injustificable e irresponsable.
Si a esto se agrega el dispendio en el que han incurrido los legisladores federales con el autootorgamiento de bonos de Navidad y fin de año, además de que a la mayor parte de los integrantes de la llamada clase política no les afectará el aumento en las gasolinas debido a que ese gasto es sufragado por el erario, el cuadro del “mal humor social” no sólo resulta explicable sino, incluso, justificable.
Si el año que inicia representaba ya de por sí para México un gran desafío por los cambios que se esperan en la relación política y económica con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el enojo y desconfianza crecientes entre la ciudadanía complican aún más el panorama.
Pero lo que más llama la atención es que el gobierno federal no ha mostrado hasta ahora visos de saber cómo afrontar el reto ni tampoco de cómo calmar ese “mal humor social” que se ha encendido.
