Un cambio. Las organizaciones civiles enfatizaron al presidente Enrique Peña Nieto que la seguridad debe estar a cargo de instituciones civiles, no castrenses.
Más de 150 especialistas y organizaciones de la sociedad civil urgieron a debatir y legislar, en paralelo, las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y la reforma policial.
Porque legislar sólo sobre seguridad interior, señalaron, no haría nada para resolver el problema de fondo, que es la debilidad estructural de las instituciones locales de seguridad y justicia.
"La discusión sobre un régimen legal en materia de seguridad interior debe establecer claramente la diferencia entre seguridad interior, seguridad nacional y seguridad publica.
"Y avanzar en paralelo al debate sobre una reforma policial", indicaron México SOS, Causa en Común, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano y MUCD, entre otras ONG.
En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Congreso, enfatizaron que la seguridad debe estar a cargo de instituciones civiles, no castrenses.
Subrayaron la urgencia de que las Fuerzas Armadas cuenten con una normatividad adecuada para que atiendan situaciones de excepción y realicen misiones que rebasan su ámbito natural de competencia.
"No es deseable para el desarrollo del país que el Ejército y la Marina sigan cubriendo las carencias de las Policías de los tres niveles de gobierno y menos que lo hagan sin un marco jurídico adecuado", señalaron.
Los firmantes, entre ellos, Ana Laura Magaloni, Claudio X. González, Elena Azaola, Ernesto López Portillo, Alejandro Hope, María Elena Morera, Edna Jaime y Miguel Treviño, plantearon el establecimiento de plazos, objetivos y compromisos claros.
"La incertidumbre actual no puede ni debe prolongarse. En un horizonte razonable de tiempo, los elementos de la Fuerzas Armadas deben regresar a sus cuarteles", afirmaron.
"Ese objetivo será inalcanzable sin un esfuerzo serio y sostenido de transformación de nuestras instituciones policiales. Es hora de atender el problema de fondo", recalcaron.
Para aterrizar una reforma policial integral, convocaron a iniciar una discusión seria y plural que vaya más allá del Mando Único Mixto.
Recordaron que en junio pasado, el Senado aprobó un dictamen de reforma constitucional en materia de seguridad pública, el cual debe ser procesado en la Cámara de Diputados.
"Llamamos a todos los actores políticos del país, comenzando por el Gobierno de la República, a definir sus prioridades en materia de reforma policial, para armonizarlas con las prioridades sociales y con las bases científicas y técnicas que definan especialistas.
Una reforma policial implicaría, entre otras cosas, el impulso de la dignificación de la labor policial a partir de un sistema de desarrollo que contemple profesionalización, mejores salarios y un catálogo mínimo de prestaciones.
