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Ejidatarios exigen justicia

Amparo. Ejidatarios de La Sierrita presentaron un amparo ante la sentencia que dictó el Tribunal Agrario en el caso con Excellon.

Amparo. Ejidatarios de La Sierrita presentaron un amparo ante la sentencia que dictó el Tribunal Agrario en el caso con Excellon.

CLAUDIA LANDEROS

Los ejidatarios de La Sierrita, municipio de Tlahualilo, interpusieron el día de ayer un amparo para exigir que se les garantice el derecho de acceso a la justicia, ante la reciente sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del distrito sexto con sede en Torreón, Coahuila, que termina el contrato con la empresa minera Excellon de México.

Dicha sentencia establece el término de la relación contractual entre ejidatarios y empresa, por lo que ésta última, tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al ejido.

Sin embargo, en la misma sentencia se ordenó al ejido pagar a la empresa más de 5.6 millones de pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que éste sea efectuado.

Además, el Tribunal Unitario Agrario argumento que la minera no deberá pagar a los ejidatarios por los daños que las actividades de la empresa causan a la comunidad y a su tierra.

Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Prodesc) señaló que el embargo representa una violación al artículo 27 de la Constitución Mexicana, en el que se establece la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

Por otra parte, el abogado comentó que motivo por el cual la comunidad deberá pagar a la empresa la cantidad antes mencionada, es debido al cierre de la mina por parte de los ejidatarios hace algunos años.

Sin embargo, explicó que las pruebas confesionales y testimoniales que ofreció la empresa minera Excellon de México, demuestran que se trató de una manifestación pacífica en una de las entradas de la mina, sin afectar el acceso de las y los trabajadores a la misma.

"Con esta sentencia que fue dictada por el Tribunal, se pone en riesgo la propiedad de estas tierras", apuntó el representante legal de los ejidatarios.

Con el hecho de condicionar la entrega a este pago, se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita.

"En contraste, la empresa continúa explotando la tierra de los ejidatarios, cuando incluso todavía les deben tres años de renta", concluyó.

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