El Presidente de la República se ha pronunciado en contra de instituir la "segunda vuelta" en las elecciones mexicanas. El PAN, por el contrario, ha confirmado su posición en favor.
Precisar la utilidad y conveniencia de la segunda vuelta plantea un problema semejante al de precisar la cual índice de progreso o crecimiento económico social es fidedigna. Tan difícil es tratar de definir el respaldo popular de un presidente de la República como el de precisar en qué medida ha crecido verdaderamente la economía del país.
Me explico: la cuestión a la que intenta responderse cuando se plantea la fórmula de segunda vuelta equivale a calificar de verdaderamente "popular" la autoridad investida en el presidente de la República. Esta cuestión es análoga a preguntarse si los porcentajes de PIB o PNB describen el verdadero progreso de una comunidad en el sentido socioeconómico más cabal.
La validez de las cifras PIB o PNB ya tiene tiempo que se discute en ámbitos académicos y políticos. Se sabe que la cuestión no es meramente económica. Hay muchos factores que no son directamente cuantificables y que intervienen en abonar al nivel y la calidad de vida del individuo o una sociedad. Una respuesta la dio el rey de Bhután promoviendo el índice "felicidad" de una comunidad. No puede decirse que una comunidad esté "avanzando" si ello no se refleja en la satisfacción y el estado de ánimo del pueblo no sólo respecto a las instituciones sino en el empleo que de ellas se hace.
En la medición del "progreso", pues, hay que tomar en cuenta muchos factores, como por ejemplo, nivel de alimentación, salud, escolaridad, acceso servicios públicos, respeto a garantías y a la democracia, libertad de prensa, y si se quiere otros. A final de cuentas, los índices aceptables de crecimiento, o de avance, se compondrán de varios ingredientes y que todavía habrá que contrastar con la percepción de la opinión pública.
La problemática sobre índices de crecimiento socioeconómico es semejante a la de definir el verdadero respaldo político que tenga un funcionario de elección popular para tomar decisiones a nombre del pueblo.
Es evidente que, aparte de la posibilidad de un triunfo arrollador, legítimo no fabricado como en los viejos tiempos del PRI de casi 100 % de votos positivos, surge la pregunta de qué autoridad tiene de un funcionario que no tenga siquiera el 51 % de votación favorable, es decir de una mayoría aritmética del electorado. No hablemos de "legitimidad" ya que ésta depende del respeto que se haya tenido de las reglas electorales.
La respuesta se ha encontrado en varios países sujetando la votación a una "segunda vuelta", repetición del ejercicio electoral donde sólo competirán los dos candidatos más favorecidos por el electorado inscrito en el padrón.
La primera ventaja de esta fórmula es responder al cuestionamiento sobre la autoridad del que no ha llegado a tener siquiera la mitad de los votos emitidos. Sujetar a la segunda vuelta obliga a los votantes a decidir entre los dos candidatos más populares cuál será el vencedor. Para que ello sea válido es necesario que la repetición del ejercicio electoral se dirija al "mismo electorado", es decir sin cambio en sus prioridades electorales. Esto obliga a que la segunda vuelta tenga que realizarse tan pronto como posible. De no hacerse de inmediato, aparecerán arreglos o acuerdos entre los partidos políticos que modificarán las propuestas de los candidatos. Dejar pasar mucho tiempo puede distorsionar el esquema de preferencias del electorado con lo que se estará hablando de una elección distinta por hacerse a un electorado distinto. Esta cuestión se resuelve si los mecanismos electorales están diseñados para poderse emprender la segunda vuelta dentro de pocos días, antes de que la "fisonomía" del electorado haya variado demasiado.
Un argumento que se aduce contra la segunda vuelta afirma que el equilibrio político de un país no sólo radica en el Poder Ejecutivo sino en la composición del Congreso. Sin duda, pero ello en nada merma la utilidad de tener un ejecutivo fortalecido con un mecanismo electoral mejorado y más confiable en términos de autoridad de origen. Se trata de órganos distintos de gobierno que, por cierto, hacen preguntas distintas a sus respectivos electores.
El que la segunda vuelta obligue a los dos candidatos finalistas a conceder cambios en sus plataformas de propuestas para presentarse más convincentemente al público es precisamente el mejor argumento para que con la segunda vuelta se asegure que el eventual triunfador incorpore elementos programáticos que el electorado pide. Un posible gobierno de coalición gozará de bases más firmes.
Examinar las ventajas o desventajas de las segundas vueltas inevitablemente recala en la cuestión más fundamental de todas: la disposición de los candidatos y de sus partidos a aceptar el veredicto popular. Sin este prolegómeno, no hay democracia posible. Como en el caso de la medición del avance de una comunidad, si no hay veracidad al responder a las encuestas, no hay índice posible.
Juliofelipefaesler @yahoo.com
