Tuvo que darse un relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que desde esa oficina, encargada de la política económica del país, se reconociera que el déficit y la deuda crecientes ponen en riesgo el futuro del país. Si bien la salida de Luis Videgaray se dio por motivos políticos, derivada del desgaste ocasionado por la visita de Donald Trump a México, la oportunidad que se abre en lo económico no es de soslayarse.
En su primera comparecencia ante la Cámara de Diputados para discutir el paquete económico 2017 que implica fuertes recortes en el gasto federal, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, planteó ante los legisladores un escenario en el que prácticamente nada se le puede ajustar a la iniciativa de ley de ingresos y al anteproyecto de presupuesto de egresos. Lo más importante es que reconoció que recurrir a un mayor endeudamiento implicaría afectar la confianza internacional en el país.
Este reconocimiento no es menor, ya que si algo se ha cuestionado al actual sexenio es la propensión a contratar deuda al grado de que ésta ya representa más del 45 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Y el problema es que la mayor parte de esa deuda no se va a inversión productiva sino que termina en programas de corte clientelar que poco ayudan a sacar a los millones de personas que aún se encuentran en la pobreza.
Meade alertó que el fuerte ajuste no sólo es recomendable sino necesario para que las finanzas públicas del país vuelvan a el equilibrio que tenían en sexenios anteriores y de esta manera se pueda hacer frente a la tormenta económica que se viene. Pero aún no queda claro que el paquete económico propuesto por el gobierno de la República contemple los recortes en donde deben hacerse.
Por ejemplo, mientras que se proyectan reducciones fuertes en obras y servicios de beneficio para los ciudadanos en áreas como agricultura, desarrollo territorial, medio ambiente y comunicaciones y transportes, en el gasto programable de la burocracia se planea un mayor ejercicio de recursos. Tales son los casos de los poderes Judicial y Legislativo.
Si bien el reconocimiento del complicado entorno económico y los riesgo que enfrentan las finanzas públicas del país, que se ensombrecen con la depreciación del peso y el bajo precio del petróleo, puede significar un primer paso para construir una salida al túnel, los mensajes que manda el gobierno federal no parecen ser los adecuados. Además de esto, es importante hacer y responder una pregunta: a dos años de que concluya el sexenio ¿hay tiempo y voluntad de corregir el rumbo? La respuesta la tiene el nuevo secretario.
