En estos momentos, en México coinciden dos fenómenos que juntos dibujan un panorama preocupante: el repunte de la violencia y el debilitamiento de la institución presidencial. Tal vez sea una verdad de perogrullo decir que sólo un estado fuerte puede hacer frente a una criminalidad rampante y una descomposición evidente, pero es necesario recordarlo hoy. Existen hoy los indicios suficientes para creer que el último tercio del sexenio del priista Enrique Peña Nieto será el más complicado de su mandato.
El arranque de la administración y casi hasta el fin del segundo año de gobierno no sólo pasó sin demasiados sobresaltos sino incluso sorprendió a propios y extraños por la capacidad de maniobra política que mostraron el presidente y su gabinete. Gracias al Pacto por México, una alianza de los tres principales partidos nacionales, el gobierno federal pudo sacar adelante su paquete de reformas estructurales, además de que se ahorró las críticas de los partidos opositores más grandes, que fue aprovechado también para desplazar el tema de la seguridad de la agenda pública nacional, luego de que con el panista Felipe Calderón prácticamente fue un monopolio temático.
Esta “luna de miel” terminó de forma abrupta con la desaparición de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, caso que debido en parte al mal manejo del Ejecutivo federal abrió una herida que sigue viva aún. A Iguala se sumó Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato. Y luego vinieron los escándalos: la “casa blanca”, “el Chapo”, Higa, OHL, que se sumaron a los de los estados de Coahuila, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. A la par, las reformas -energética, fiscal, penal- han ido retrasando sus frutos y algunas, como la educativa, no terminan de concretarse debido a la oposición de un grupo radical de maestros. En medio de todo esto, la caída de los precios internacionales del petróleo, la volatilidad cambiaria y un fuerte recorte presupuestal obligado.
Con el escenario descrito anteriormente, la aprobación de la gestión del presidente Peña ha llegado a su punto más bajo en este verano, a unos meses de comenzar su tercer tercio. Los cuestionamientos dentro y fuera del país, centrados en el alto nivel de impunidad y corrupción y en el deterioro de los derechos humanos, han ido en aumento. La administración federal está lejos de su mejor momento y su debilitamiento es evidente y preocupante a la luz de lo informado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública la semana pasada.
De acuerdo a las cifras oficiales que reportan las 32 entidades de la República, en el primer semestre de 2016 se ha cometido un 15.4 por ciento más homicidios dolosos que en el mismo período de 2015. La cifra en el sexenio ya rebasa los 66,000 asesinatos y los expertos advierten que de seguir el ritmo actual de crímenes, el sexenio de Peña terminará superando el número registrado en el sexenio de Calderón, que hasta ahora había sido el más violento de la historia reciente del país. Este hecho implica todo un desafío para el gobierno federal y el Estado mexicano en su conjunto. Sin embargo, parece que en Los Pinos no existe la fortaleza para hacerle frente. De cualquier forma, algo tendrá que hacer el presidente y pronto.
