Tras el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, con la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal en el año 2000 (aunque la caída ya había empezado 3 años antes cuando el tricolor perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados) el poder de los gobernadores mexicanos creció desproporcionadamente y sus consecuencias se pagan hoy con la crisis en las finanzas de las entidades federativas.
La pérdida del poder presidencial no fue compensada con la creación o reforzamiento de las instituciones públicas y eso generó un vacío de poder, que obviamente fue llenado por los poderes fácticos (el duopolio televisivo, grupos empresariales, jerarquía eclesiástica, delincuencia organizada, etc.) e inclusive los constitucionales que abusaron de su poder, como fue el caso de los ejecutivos estatales.
Los gobernadores, ante la ausencia del freno que significaba el poder presidencial y el incremento de las participaciones federales (como consecuencia del alto precio del petróleo), tuvieron un amplio margen de maniobra para el ejercicio de sus agigantados presupuestos. Este margen fue precisamente lo que disparó el desvío de los recursos públicos e incentivó la corrupción que hoy es percibido como el principal problema nacional.
Por una parte, los diputados federales se convirtieron en los gestores de los recursos federales para gobernadores y presidentes municipales, rápidamente descubrieron que les abría la puerta para cobrar por sus servicios y de allí surgieron los tan comentados "moches". En este ámbito no hubo diferencias de partidos políticos, los escándalos alcanzaron por igual a legisladores blanquiazules que tricolores.
Por otra parte, los dirigentes de los partidos políticos y los aspirantes a puestos de elección popular se percataron de los márgenes de discrecionalidad con los que se ejercían estos recursos y no tardaron en aprovecharse, así que casi como si fueran cuotas para sus militantes les solicitaron que una parte de esos recursos adicionales, los canalizaran para financiar las actividades de los partidos políticos. En este caso sí se pueden hacer algunas diferencias, pues todo indica que los más voraces fueron los priistas, fundamentalmente por los altos costos que significaba mantener su enorme burocracia partidista.
Las exigencias de legisladores, aspirantes a puestos de elección popular y dirigentes nacionales de los partidos políticos, llevaron a los Ejecutivos (principalmente gobernadores, pero también sucedió con los alcaldes) a encontrar las formas de burlar la débil fiscalización oficial y, una vez que encontraron la vía para distraer los recursos del erario público a fines ajenos a los establecidos en la legislación, la aprovecharon también para sacar recursos para su beneficio personal.
Si se investiga en estas 3 direcciones seguramente se encontrará el destino de un alto porcentaje de las altísimas deudas estatales y, desde luego, también la razón de las obras públicas incompletas, las deficiencias de los servicios públicos y las demás calamidades gubernamentales que padece la ciudadanía.
La participación de tantos actores hace que la corrupción sea un asunto de redes, no de individuos; esa es su principal fortaleza, pero también su principal debilidad. Un buen amigo, lamentablemente ya fallecido, señalaba con toda razón que los únicos lazos indisolubles son los de la complicidad, pues implicaba necesariamente "escupir para arriba", es decir, seguramente las investigaciones más temprano que tarde terminarían inculpando también al delator.
Precisamente por estas redes de complicidad gobernadores y ex gobernadores priistas se sienten tan seguros y actúan con tanto cinismo. Ellos saben que, directa o indirectamente, en mayor o menor cantidad, pero todos hicieron alguna contribución económica para la precampaña y/o la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto. La persecución que anunció el flamante presidente del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, en su discurso de toma de posesión, irremediablemente llegaría a Los Pinos.
Sin lugar a dudas una parte (cuya cuantía en estos momentos es imposible determinar) de estos recursos desviados fueron a parar a cuentas personales o familiares de varios de los cuestionados gobernadores, pero siempre pueden amenazar con revelar los cuantiosos recursos que desviaron para alimentar las aspiraciones presidenciales y la misma campaña del actual presidente.
Lo más sorprendente del discurso de Ochoa Reza es la dificultad para hacerlo realidad, pues los principales obstáculos los encontrará precisamente en quiénes lo impulsaron a su actual posición. Y, todavía más asombroso que el mismo presidente lo retome en el acto de promulgación de una parte de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, pues es casi como ponerse la soga al cuello.
Todo indica que en fechas próximas ambos actores tendrán que hacer malabares extraordinarios para evitar poner en práctica sus promesas, pues de lo contrario corren el riesgo de destrozar a su propio partido, pues seguramente no quedará títere con cabeza, ya que todos los gobernadores priistas tuvieron que hacer su contribución (mayor o menor). El escándalo también alcanzaría a varios de los integrantes del actual gabinete presidencial, pues muchos de ellos formaron parte del equipo de campaña, incluyendo al mismo Ochoa Reza y a sus padrinos (empezando por el entonces coordinador, Luis Videgaray).
Efectivamente una parte muy importante del hartazgo ciudadano hacia los partidos políticos y los políticos tiene que ver con la corrupción y la impunidad; pero en la actual clase política (y particularmente, entre los tricolores, no porque sean los más corruptos, sino porque son los que hasta el día de hoy más posiciones públicas ocupan -particularmente, gubernaturas, que es donde ha habido más irregularidades-) no parece haber quien pueda lanzar la primera piedra.
