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Verdades y rumores

EL AGENTE 007

Intrigantes son las especies que llegan desde las tierras del Tío Sam respecto a la nueva temporada de la serie “El Improcesable” que tiene como escenario la hermana República de Texas, y como protagonista central al “Profe Bailarín”. Nuestros subagentes disfrazados de guardias de corte nos informan que es cuestión de tiempo para que los fiscales americanos citen a, por lo menos, declarar al exgobernador de Coahuila por los desmanes financieros y criminales ocurridos durante su sexenio. Y es que, según los informantes, con el veredicto que dio el Jurado federal de la Corte Oeste de San Antonio en el juicio de Marciano Millán, lugarteniente de Los Zetas en el norte de la provincia, prácticamente se da por válida la tesis que han venido manejando los fiscales sobre la llamada Conexión Coahuila, a saber: que durante la pasada administración estatal operó a altos niveles una red de corrupción para sustraer recursos del erario coahuilense para lavarlos del otro lado de la frontera junto con los sobornos que el citado cártel habría entregado a las autoridades para que no sólo se hicieran de la vista gorda sino que además entregaran equipo y el control de instituciones y centros penitenciarios. En el marco de estos oscuros enjuagues se habrían cometido las masacres de Allende y del penal de Piedras Negras, que salpican más allá de su administración, en Saltillo y la Capirucha del Esmog. Y es que, según dicen, el testigo clave para plantear las nuevas rutas a seguir en la trama fue Rodrigo Humberto Uribe, exoperador financiero de Los Zetas y fugaz actor de “talks show”, quien aseguró haberse reunido con don Humberto -aunque éste lo niega, por supuesto-, para pactar la posterior entrega de 4 millones de dolarucos a cambio de protección y auxilio. Cuentan que el hecho de que el Jurado haya encontrado culpable a Millán de todos y cada uno de los diez cargos que los fiscales le imputaron, significa que les resultó creíble la historia completa que durante las audiencias se expuso. Comentan que los representantes del Tío Sam ya sólo están a la espera de que le juez dicte la condena a Millán en octubre, la cual dependerá de qué tanto quiera cantar de aquí a entonces, si se queda 20 años o de por vida, según la tonada, para comenzar los nuevos procesos que, ahora sí, pudieran incluir al “Improcesable” o, de perdida, una moneda de cambio del Tío Sam para sacar algún provecho del preciso de Los Pinos. Recordemos que los gringos no tienen amigos, sólo intereses.

Llama poderosamente la atención que en medio de los señalamientos que la Auditoría Superior del Estado ha hecho, y que desde el año pasado ha publicado este medio, sobre la insolvencia y falta de autonomía financiera que padece la mayoría de los municipios en Coahuila, incluidos Torreón y Saltillo, se manejen como el secreto más preciado las denuncias que se han presentado contra los ayuntamientos por irregularidades no explicadas en las cuentas públicas. Resulta que hace algunos días la Auditoría, a cargo de Armando Plata, informó que en lo que va del año ha interpuesto en la Procuraduría de Justicia, que encabeza Homero Ramos, 19 denuncias contra gobiernos municipales, pero sin precisar cuáles y exactamente por qué. Sólo se se sabe que derivan de las observaciones que año con año realiza la ASE a las cuentas públicas y que en este caso no fueron solventadas. La justificación del auditor fue que esa información debía darla el procurador o alguno de sus subalternos. Pero aunque en la Procu se comprometieron muy formalmente a revelar los preciados detalles, es fecha que éstos permanecen en la más profunda oscuridad. Lo grave del asunto es que las 19 denuncias presentadas este año no son las únicas que existen, sino que vienen a sumarse a una lista que comienza a hacerse larga de querellas interpuestas en años anteriores. Muy probablemente, como ha ocurrido en otros casos, las autoridades van a terminar diciendo que no pueden revelar los datos porque los expedientes están en proceso de investigación. Sin embargo, dicen las malas lenguas que la verdadera razón del ocultamiento de la información, es para evitar balconear a connotados munícipes que tiene puesta su veladora, o mejor dicho el cirio pascual, en la silla del virreinato estatal.

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Y ya que hablamos de aspiraciones, tal parece que las fiestas de cumpleaños se han convertido en el mejor escaparate para los calefactos en Coahuila. Como recordará, memorioso lector, el mes pasado el exdiputado federal panista Guillermo Anaya celebró sus 50 veranos en grande en la peronera capital del estado, festejo que aprovechó para hacer oficiales sus renovadas aspiraciones de ser el mandamás de la provincia. También el diputado federal priista Javier Guerrero ha asistido a varias celebraciones para placearse, al igual que el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, que no hace mucho acudió a la fiesta del diputado Ricardo Saldívar. Pues bien, ahora le tocará el turno a Gerardo García, el alcalde blanquiazil de Monclova, quien hoy armará gran guateque en una finca ubicada en Lamadrid, Coahuila, con motivo de sus 51 años. Llama la atención que contrario a lo que ha ocurrido con anteriores mitotes, en esta ocasión la convocatoria fue abierta y en la invitación que circuló en redes sociales dice: “únete con todas tus fuerzas al festejo del ‘Gallo de Acero’”, lo cual es interpretado como un sutil “lleva a tus acarreados para que hagan bola”. Ya sabe, entre más gente haya, más músculo se presume, aunque mucha de esa gente sólo vaya a comer y beber de gorra.

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Tremenda exhibida la que se han dado las autoridades de ambos lados del río Nazas con el inminente arribo de Uber y City Drive, empresas dedicadas al transporte privado que usan aplicaciones de teléfonos móviles para conectarse con los clientes. Y es que los anuncios que ambas empresas han hecho del inicio de operaciones en los próximos días han agarrado fuera de lugar al ayuntamiento de Torreón y a la Dirección de Transporte del Estado de Durango, quienes por una parte no le entienden bien a este nuevo esquema que se ha convertido en un fenómeno en otras ciudades de la República y el mundo y, por la otra, sienten la presión del gremio de taxistas tradicionales que ven en el novedoso servicio una amenaza. En el caso del gobierno municipal de la Perla de La Laguna, parece que lo que priva es la falta de comunicación. Primero el director de Movilidad Urbana, Fernando García Tapia, salió a decir que por ningún motivo se iba a permitir que los llamados “taxis app” operaran si no cuentan antes con una concesión. Luego, el alcalde Miguel Riquelme dijo que prefería reservarse su opinión hasta conocer el servicio y que hasta ahora nadie de ambas empresas se había acercado con ellos. Luego, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Morán, comentó que van a analizar a fondo la manera de regular este nuevo esquema de transporte y que él sí ya había hablado con los representantes de Uber. En cuanto al gobierno de Durango, Rubén López, vocero de Transporte del Estado, siguió la misma línea que García Tapia en cuanto a que incluso van a sancionar y hasta retirar de la circulación a los autos que den el servicio sin concesión, ya que se trata de un delito. Dicen los que saben que es muy fácil tumbar los argumentos de la autoridad, ya que ambas empresas operan bajo el esquema de transporte privado, no público, y que por lo tanto no es necesaria una concesión. Además, para retirar un vehículo de éstos de circulación deberían comprobar el intercambio monetario entre pasajero y conductor, lo cual no será posible porque éste se da por la aplicación móvil y basta con que ambos digan que son cuates para que libren el “decomiso”. Ya en el caso de que los agentes se pongan bravos y aún así recojan la unidad, pues un amparo procedería casi en automático. Tal parece que las autoridades no saben qué hacer ante este fenómeno, un poco porque andan en otros menesteres, otro poco porque no quieren quedar mal con los taxistas tradicionales, fruto del esquema corporativista de antaño, de quienes se sirven cada vez que hay elecciones.

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En donde las riendas ya andan sueltas es en el ayuntamiento de Gómez Palacio que encabeza José Campillo. Por ejemplo, algunos directores municipales no toman en serio ni las reuniones semanales del Grupo de Coordinación con el Mando Especial de La Laguna, con todo y que su integración es uno de los últimos estertores de la agonizante administración para tratar de dar mejores resultados en materia de seguridad. Quien ya lleva récord de inasistencias es el controvertido director de Servicios Públicos, Antonio Chincoya, quien cada vez que se convoca a dichas reuniones dice que tiene “mucho trabajo” para no asistir. Tampoco los integrantes de la Dirección de Participación Ciudadana, a cargo de Víctor Habib, son muy aficionados a acudir. Para colmo, en la reunión de esta semana don Pepe también se excusó, y se suponía que el secretario del Ayuntamiento, Régulo Gámez, lo relevaría, pero también este funcionario argumentó otros motivos para no estar presente, por lo que envió al segundo de a bordo, que para el caso ya sería el tercero. O sea, sin seriedad, pues. Luego se extrañan de que el comandante del Mando Especial, Juan Manuel Díaz, los contradice por versiones no confirmadas. En contraparte, los que andan desatados son los agentes de Tránsito y Vialidad. Nuestros subagentes disfrazados de verdes árboles de la colonia residencial Las Rosas nos reportan que en los últimos días han visto patrullas y motos de la dependencia “cazando” autos mal estacionados en fila. Es decir, los guardianes del orden vial se paran cuando ven que en una acera hay un buen grupo de incautos en situación de posible comisión de infracción y agarran parejo con las multas. Lo curioso del caso es que las autoridades municipales tardaron dos años y 10 meses en “enterarse” que era parte de su función vigilar que se respete el reglamento de Tránsito. ¿O será que las arcas municipales están tan secas que han puesto al personal a conseguir dinero hasta debajo de las piedras?

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