— Lorenzo Meyer
Hoy la élite del poder mexicana -la política y la económica- se distingue más por sus carencias y defectos que por sus logros. Entre sus carencias destacan un casi nulo sentido de la responsabilidad, falta de pudor y una débil noción del ridículo. Conscientes del efecto que esto ya tienen en las urnas, PRI y gobierno se dicen hoy dispuestos a cambiar y combatir una de sus características históricas -la tolerancia a la corrupción- mediante el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, y aunque muy tardíamente, el presidente se disculpó por la mala "percepción" generada por los términos en que se adquirió la famosa "Casa Blanca" de Las Lomas y se deshizo de uno de sus excesos de humor negro: el obsequioso secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
En este nuevo contexto no encaja bien una demanda por diez millones de pesos que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, acaba de presentar contra Sergio Aguayo, académico y analista político. Moreira asegura que un artículo de opinión publicado el 20 de enero, Aguayo le causó un daño moral porque en él afirmó que la carrera del profesor y político coahuilense "desprende hedor corrupto" e impunidad.
En derecho, el daño moral se define como la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor y reputación por la acción de otra. Por eso, Moreira declara que Aguayo, "utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás".
¿Cómo se puede reparar, en caso de existir, un quebranto al honor y reputación de una persona? En el pasado, podía ser con un reto a duelo, pero hoy y según la ley, la reparación se puede lograr con dinero y una retractación pública. Frente a esto es posible argumentar que la retractación pública si tiene algún sentido, pero ¿el dinero? Quizá el sacarle diez millones de pesos a un académico--unos 541 mil dólares- puede darle una cierta satisfacción al ofendido pero, por grande que sea la suma, el dinero no repara reputación u honor supuestamente dañados.
Sergio Aguayo y con él muchos más, suponemos que el objetivo de la demanda de Moreira es mandar un mensaje a quienes desde los medios se atreven a asumir uno de los papeles que se supone deben de jugar con plena libertad: el de evaluar las acciones del poder, de cualquier poder. En ningún sistema que pretenda ser democrático y libre se puede prescindir de medios masivos que den cabida a opiniones críticas sobre los actores políticos. Así, en Estados Unidos la prensa está hoy rebosante de opiniones críticas, algunas muy duras y para muchos excesivas, contra el presidente Obama lo mismo que contra los dos candidatos presidenciales. Se les acusa lo mismo de mentirosos que de fraudulentos, perversos, oportunistas, inmorales, incapaces e incluso criminales. Desde luego que todos los criticados cuentan con defensores y en todo caso ellos se defienden en los mismos términos, sin acudir a tribunales pues, al final, es el ciudadano quien sopesa las acusaciones, argumentos y contrargumentos y llega a su propia conclusión.
En el ámbito de juicios y opiniones, un columnista rara vez dispone de los medios para probar los innumerables casos de corrupción que se discuten en México, pero puede y debe pasar juicio sobre ellos. Es su papel. La opinión de Sergio Aguayo sobre Moreira no salió de la nada: la deuda que su gobierno le construyó y dejó a Coahuila es de escándalo: más de 30 mil millones de pesos. En lo que respecta a corrupción, entre las muchas fuentes que pudo haber usado Aguayo para sustentar su juicio, se encuentra lo publicado en 2013 por Dolia Estevez en Forbes: "The 10 most corrupt Mexicans of 2013" ("Los 10 mexicanos más corruptos de 2013", diciembre 16, 2013) y ahí aparece Moreira. El exgobernador de Coahuila se quejó entonces a través de su abogado, pero el 3 de enero de 2014, Steven Zansberg, de la firma de abogados en Colorado Levine Sullivan, Koch & Schuz, le respondió que su queja no procedía y citó las fuentes de donde Dolia Estevez formó su juicio. Si Aguayo no dijo nada nuevo ¿entonces por qué la demanda y ahora?
Sergio Aguayo tiene una hipótesis: el haber anunciado su propósito de investigar la masacre que perpetraron Los Zetas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Allí se cometió uno de los mayores asesinatos en masa del México contemporáneo y que costó la vida a 200 o 300 personas (la cifra exacta aún no se conoce), (El País, 8 de junio, 2016). Ahondar en ese tema podría sacar a flote la magnitud de la corrupción y del crimen organizado en Coahuila, sus raíces y su red de complicidad y eso no debe convenirle a los actuales o pasados miembros del aparato de gobierno local y federal. Es una mera hipótesis, pero plausible.
En fin, que la mejor manera de defender el honor de un funcionario es su biografía y refutar con datos contundentes las acusaciones y no intimidando a los comentaristas, pero ¿no es eso pedir mucho a quienes consideran, como dice Fabrizio Mejía inspirado por un priista clásico, que "la moral es un árbol que da Moreiras"?
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