Desprotegen a los adultos mayores

El riesgo de maltrato aumenta por el solo hecho de envejecer, y México está envejeciendo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el año 2000 la proporción de adultos mayores fue de alrededor de 7 % de la población, pero estima que este porcentaje se incrementará a 12.5 % en 2020 y a 28 % en 2050: para ese año casi la tercera parte de la población tendrá 60 años y más.

El país, sin embargo, avanza lento en las políticas públicas para los adultos mayores y, particularmente, en la atención y prevención del maltrato. Se trata de un problema cuya dimensión a escala nacional se desconoce, y que requiere de instituciones y herramientas que hagan efectiva la aplicación de las leyes y la garantía de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores, dicen especialistas en el tema.

"Hay que visibilizar el maltrato, pero de lo que tenemos que hablar todo el tiempo es de la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad", dice Verónica Montes de Oca, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en envejecimiento demográfico y protección social.

Su problema no sólo es el maltrato, afirma. "Sus problemas son de alimentación, bajos ingresos, falta de servicios de salud y medicamentos, y hasta de espacios de participación".

Todo esas carencias, al final, hacen más vulnerables a las personas adultas mayores, "que en general sufren de maltrato, independientemente de su condición física y emocional o de si son hombres o mujeres", dice Martha Liliana Giraldo, subdirectora de Investigación Epidemiológica del Instituto Nacional de Geriatría (ING).

Estos se debe a la percepción social que prevalece sobre las personas adultas mayores, dice. "El hecho de ser viejo hace que la persona pierda poder frente a la sociedad y la familia, y se vuelva más vulnerable al maltrato, aunque no sea dependiente o no tenga limitaciones", explica.

ALTA TASA DE MALTRATO

En México hay una única encuesta sobre maltrato a adultos mayores, que se aplicó en 2006 en la Ciudad de México y estuvo a cargo de un equipo de investigadores que encabezó la doctora Giraldo.

Sus resultados arrojaron una tasa de maltrato de 16.2 % de la población adulta mayor. Es decir, aproximadamente 16 personas adultas mayores por cada 100 habían sufrido algún tipo de maltrato en la capital del país, en el último año.

Al extrapolar ese porcentaje a escala nacional, las autoridades federales calculan que en México hay más de 1.5 millones de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso, ya sea psicológico, económico, físico, sexual o por negligencia y abandono.

Este cálculo podría aumentar si el problema se revelara en su dimensión real, pues "hay muchas acciones que implican maltrato hacia el adulto mayor, tienen efectos negativos en su salud física y emocional, pero están naturalizadas en las relaciones familiares", dice Giraldo.

"Si son familias con relaciones conflictivas es muy probable que éstas continúen y que el agresor ahora sea el hijo o la hija, y no el padre o la madre", explica.

La investigadora del Instituto Nacional de Geriatría afirma que es equivocado pensar que sólo a los adultos mayores que son dependientes enfermos se les maltrata. En general, dice, "hay maltrato hacia todos los adultos mayores, hombres y mujeres, independientemente de su condición física y emocional".

No obstante, hay diferentes factores de riesgo que aumentan tanto la probabilidad de que ocurra el maltrato como su tipo y nivel, dice. Por ejemplo, los estudios apuntan que hay más riesgo de maltrato entre adultos mayores de más edad, que el problema predomina entre las mujeres, que la dependencia económica juega en su contra, así como el nivel de estrés del cuidador asociado a diferentes causas.

En los casos extremos, el maltrato puede llegar al abandono y hasta la muerte del adulto mayor, si antes no hubo denuncia o intervención de las autoridades. El problema es que sólo en la Ciudad de México hay dos agencias del Ministerio Público especializadas en la atención de adultos mayores.

En el resto del país, las legislaciones que atienden esta población son desiguales en cada estado y no están armonizadas con la Ley federal de adultos mayores, afirma Montes de Oca. La ley federal, si bien cobija las leyes de todos los estados, éstos no la expresan de la misma manera y los instrumentos de protección no son los mismos y hasta puede haber malas interpretaciones", dice.

 HIJO SE 'LAVAN' LAS MANOS

"Por ley, los hijos tienen que cuidar a los padres", dice Giraldo. Así lo establece el Código Civil federal, que los hace responsables de dar alimentos a los padres. "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitacio→ n y la asistencia en casos de enfermedad", apunta el artículo 308.

Sin embargo, a veces esta responsabilidad filial no se reconoce, explica la especialista, a propósito de los casos de abandono de adultos mayores.

Sobre éstos no hay información ni estudios específicos, dice, pero "sabemos que han aumentado" por un estudio que realizó el Instituto Nacional de Geriatría con el DIF, acerca de las razones por las cuales llegan los adultos mayores a las casas-hogar.

"Hay requisitos para entrar allí, como que la persona no tenga hijos ni quien la cuide. Pero cuando comenzamos a indagar, nos damos cuenta de que tienen hijos, pero no cuentan con ellos y eso es un tipo de abandono", dice Giraldo.

Montes de Oca, de la UNAM, aclara que el cuidado y la atención a los adultos mayores es una responsabilidad compartida entre la familia y el Estado.

"El Estado es muy mañoso: le avienta todo a la familia y éstas no pueden soportar todas las deficiencias del Estado, que hace privados los problemas públicos", dice.

Esta responsabilidad, explica, está contenida en la leyes federal y de la Ciudad de México de adultos mayores. En cambio, uno de los instrumentos internacionales más importantes en la materia, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, "en ningún momento responsabiliza a la familia, sino al Estado", afirma la especialista.

"Pero cuando hablamos de las responsabilidades del Estado, éstas incluyen la supervisión de las familias", afirma.

Éstos es muy importante, destaca, porque los principales ejecutores de maltrato están dentro de la familia, de acuerdo con los estudios. "Por eso el Estado es el responsable de la protección de los derechos de los adultos mayores".

La convención fue consensuada en el seno de la Organización de Estados Americanos en 2015. Sin embargo, no ha sido ratificada por México, a pesar de su importancia.

"Este documento es vinculante y los países que la ratifiquen están comprometidos a llevarla a cabo", explica Montes de Oca, quien destaca dos aspectos de convención: el derecho de las personas adultas mayores a una vida sin violencia ni torturas, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y su derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo.

Este último aspecto, dice, no está en la legislación federal, y compromete directamente al Estado a crear instituciones donde la persona reciba atención directa y un sistema de cuidados.

La sola ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obligaría a México a sincronizar todas las legislaciones locales para la atención de adultos mayores y la garantía de sus derechos, dice Montes de Oca.

"Hay leyes locales que, en lugar de empoderar a la persona, la invalidan", dice.

Una obligación de todos

Además de las leyes federales y locales de adultos mayores y de los códigos civil y penal, también la Ley de General de Víctimas cobija a las personas adultas mayores.

En su artículo 7 apunta "las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena".

Además obliga a las autoridades a ofrecer, en el ámbito de sus competencias, "garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno".

A pesar de este marco legal, Giraldo advierte que en política pública el tema todavía no está cubierto como debería. "Hay que generar estrategias para hacer más efectivas las leyes que previenen y castigan el maltrato a los adultos mayores, tomar conciencia del problema y participar en la solución", dice.

El Estado, por su parte, también debe asumir su responsabilidad porque el tiempo corre y México envejece.