Luego de unas campañas marcadas por la guerra sucia, con poca propuesta y mucha descalificación; bajo la sombra del crimen organizado y la violencia, y ante la mirada de árbitros electorales debilitados, el domingo próximo se llevarán a cabo las elecciones para renovar 12 gubernaturas, 12 congresos estatales y los ayuntamientos en 11 entidades, incluido Durango. La importancia de la jornada del 5 de junio de 2016 radica en que se trata de la primera gran elección en donde los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) asumen la organización tras la reforma electoral de 2014. Además, representa para los partidos políticos el arranque de su estrategia con miras a 2018, año en el que se celebrarán elecciones federales.
Los Oples surgieron como una medida para acabar con el control y la injerencia de los gobernadores en los antiguos institutos estatales electorales y de participación ciudadana. Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un proceso de convocatoria, evaluación y selección de los consejeros que integran tales organismos. No obstante, a la vuelta de los meses y al calor de la campaña, las mismas acusaciones lanzadas en su momento contra los institutos se están replicando con los Oples. Ineficacia, parcialidad y fragilidad son algunos de los señalamientos que han surgido.
Estas denuncias cobran relevancia sobre todo en un contexto en donde las campañas negras han proliferado en detrimento del debate político de propuesta y del enfrentamiento de argumentos. Por ejemplo en Durango se han presentado labores de espionaje, filtraciones de grabaciones de llamadas telefónicas, hostigamiento e intento de secuestro de brigadistas, descalificaciones personales y la utilización indebida de propaganda para confundir al electorado. En caso de que el resultado de la elección sea muy cerrado, sin duda los comicios terminarán por judicializarse ante tanta evidencia de desaseo.
Otro aspecto preocupante es el que tiene que ver con la presencia del crimen organizado, sobre todo en entidades como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Durango. Las dos primeras forman parte de los principales focos rojos en materia de inseguridad en el país. Incluso, en Tamaulipas se han denunciado vínculos de candidatos con cárteles del narco. Este factor puede provocar que una parte del electorado deje de ejercer su voto por miedo, lo cual termina por afectar al proceso democrático. Ante ello, las fuerzas del orden deben garantizar el desarrollo pacífico de la jornada.
Por otro lado, para el PAN y el PRD representará un examen para evaluar la pertinencia de mantener su alianza. Para el PRI, será una especie de plebiscito parcial en el que la duda está si podrá mantener con su aliado el Verde Veracruz, el tercer padrón electoral más grande de México, y recuperar Puebla. Para Morena será una oportunidad de medir su crecimiento y alistar el camino para la tercera candidatura de su líder, Andrés Manuel López Obrador.
En medio de este panorama, lo que se vivirá esta semana será sin duda una prueba de fuego para el sistema electoral mexicano luego de la reforma más importante que se haya realizado en la historia reciente del país. ¿Estarán preparadas las instituciones para hacer frente al reto?
