Le llaman #PuebloMágico, obras aparecen y desaparecen y no pasa nada. La más reciente, el puente superior Periférico - Villa Florida tiene que ser cerrado a causa del "desfasamiento" de las losas y debe ser parcialmente demolido. Un puente de 25 años de edad, de repente colapsa, presenta un desnivel de alrededor de dos metros. Su cierre provoca un caos generalizado en un área importante de la ciudad. La gente pide explicaciones, los administradores llaman a "no politizar" (lo que sea que eso signifique), el tema. Todo funcionaba maravillosamente bien, pero un vehículo "sumamente pesado" detonó el daño. El problema es técnico, no hay por qué politizar este asunto.
Segundo acto. La Puerta de Torreón tiene que ser "retirada". En el oriente de la ciudad, frente al monumento El Manto de la Virgen, hay una estructura metálica que lleva más de diez años y millones de pesos invertidos. Nunca se terminó. Estuvo llamada a ser todo un "Homenaje a la Revolución", el orgullo de la ciudad, nada menos. Así se fue heredando el problema de una a otra administración municipal, hasta que a mediados de este mes, fuertes vientos, sí, fuertes vientos derribaron unos tubos de fierro, con el peligro de caer sobre vehículos que tuvieran la desafortunada ocurrencia de pasar por ese lugar en ese momento. No hay opción, hay que retirar esa estructura ya.
No sólo obras, dinero aparece y desaparece. El Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de este año, reporta una deuda de 40,637 millones de pesos. Como si eso no fuera un dato, los administradores, otra vez, niegan que la deuda del Estado de Coahuila se haya incrementado a 40 millones de pesos. Ese "pequeño" nuevo crédito de 830 millones a pagar en un año no es de gran impacto. Presumen, de nuevo los administradores, Coahuila es, según el IMCO, el Estado de la República con el presupuesto más transparente del país. Usted nomás pregunte.
El mal es mayor, no sólo local. Casas Blancas, Constructoras Higa, megacontratos, contralores a modo. No pasa nada, aunque ocurran cosas graves, nadie es responsable de nada. Como aquel niño que es descubierto con la cara llena de chocolate y así lo niega todo. Nadie es responsable.
Cuando un delincuente o infractor no recibe castigo algo se van resquebrajando, lenta, pero contundentemente. No robarás, dice uno de los principios sobre los cuales funcionó esa cultura en la cual echó bases el mundo occidental contemporáneo. El efecto producido se llama impunidad. Aparentemente no pasa nada, pero por dentro ese artificio llamado sociedad se resquebraja irremediablemente.
Las cárceles tienen, como bien dijera el admirado Foucault, un elemento disuasivo y otro correctivo del comportamiento. La justificación de su existencia es disuadir a potenciales delincuentes de cometer tal o cual ilícito en el futuro. Sirven también como espacios de readaptación social en los cuales, los ahí presos, aceptan las restricciones que la colectividad impone para hacer la vida posible a todos. No hay magia.
Pero hace mucho tiempo las cárceles dejaron de cumplir esa función, están más bien repletas de infelices que por una transgresión leve tiene que llenar esos espacios para justificar la existencia de burocracias.
Presunto Culpable, aquella película mexicana de 2008 nos permitió ver el funcionamiento del sistema judicial. Los jueces actúan a través de intermediarios, el acusado debe probar su propia inocencia, están en la cárcel, y desde ahí siguen el juicio, sin orden de arresto. Un porcentaje altísimo de casos no atiende las pruebas físicas y una proporción similar recibe veredictos condenatorios. El sistema judicial, a pesar de sus reformas, sigue igual.
El Latinobarómetro, instrumento estadístico que mide con precisión la opinión pública en América Latina desde hace muchos años, sostiene, en su versión 2010, que el problema es generalizado. La gente no confía en los aparatos dispuestos para hacer valer la justicia en el país. En México el Poder Judicial goza de una muy baja aceptación, 28 %. Para tener referencia digamos que en ese mismo instrumento, los partidos políticos alcanzaron apenas 19 %, mientras que en el otro extremo, las fuerzas armadas gozan de 55 %.
Y más datos, ese 28 % de aceptación del Poder Judicial en México se contrasta con 15 % en Perú y 59 % en Uruguay.
La cuerda se rompe por lo más delgado. Ahora que estamos empeñados en "reconstruir el tejido social" no perdamos oportunidad de hacer la parte que nos corresponde.
Twitter: salvador_sj
