Lo confieso. Como mexicano veo con envidia el momento que están viviendo los brasileños. Todas las sociedades tienen problemas, pero la diferencia está en cómo unas enfrentan sus problemas, y otras sencillamente los dejan pasar. Brasil tiene similitudes con México. En ambos países las autoridades tienen serios problemas de legitimidad y confianza. En ambos países la corrupción es un mal que los degrada. La diferencia está en que una buena parte de la sociedad mexicana es permisiva y tolerante con la corrupción. Acá nos conformamos con la crítica de café, con las rabietas en las redes sociales, donde cualquiera le mienta la madre al presidente. Pero hasta ahí. Pocas veces nos organizamos más allá del malestar, para cambiar el estado de cosas.
Recientemente una propuesta ciudadana para combatir la corrupción reunió cientos de miles de firmas en el país, para apoyar la iniciativa Ley 3 de 3. Ya apoyan el PAN y el PRD en el Congreso, pero es revelador que el partido en el poder, el PRI, meta trabas y obstáculos. Volviendo a Brasil, desde hace tiempo los ciudadanos decidieron tomar la calles y cercar a su gobierno. Miles reclamaron al gobierno de Dilma Rousseff gastar millones de dólares para las futuras olimpiadas, en vez de invertir en el transporte público. De esa manera los brasileños vienen participando, presionando, acorralando. Mal para una democracia donde sus ciudadanos deciden no involucrarse, dejar el rumbo sólo al gobierno. La democracia necesita de pesos y contrapesos.
En el índice global de percepción de corrupción que genera Transparencia Internacional, Brasil ocupa el lugar 76 de 167 países. Entre más abajo en la lista, mayor la percepción de corrupción. De esa manera está a la par de Bosnia, India, Tailandia, Túnez y Zambia. México está todavía más abajo, en el lugar 95, a lado de Mali, Bolivia, Filipinas y Armenia. Poco a cambiado en nuestro país desde que llegó la alternancia al poder en el año 2000. Pero no hay duda que en Brasil, los ciudadanos han puesto de cabeza a su presidenta, Dilma Rousseff. La presión ha sido tal que el Congreso acaba de aprobar un juicio político (impeachment, en la tradición política inglesa y norteamericana), para removerla de poder. Sólo es cuestión de tiempo para que la quiten formalmente del poder, mientras tanto son horas de agonía para la presidente que en el peor momento de su gobierno, decidió proteger al expresidente Lula Da Silva, quien a su vez es investigado por una un caso de corrupción.
Como es natural al poder, la presidenta Rousseff le dio el cargo de Jefe de Ministro para así protegerlo. En pocas palabras le confirió desde el poder, impunidad. ¿Dónde hemos visto esto? Dilma tiene los días contados en una democracia que cuenta con los mecanismo para quitar a sus gobernantes. Envidia de la buena, cuando en nuestro país, el presidente es sorprendido con tremenda "Casa Blanca", y lo mismo, el secretario de Hacienda, pero no pasa nada. Luego el mismo presidente nombra a un leal para que lo "absuelva". Al final repiten que la corrupción es "cultural".
Es cierto, detrás de la crisis política en Brasil también hay intereses e intrigas de los grupos en el poder, pero es preferible un Estado donde el gobierno lo pueden retirar los ciudadanos, a un gobierno de impunidad institucionalizada.
Guatemala ya nos dio el ejemplo. Ahora Brasil está en la misma ruta. Y México, ¿para cuándo? Dormimos el sueño de los justos.
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