El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche reconoció la sensibilidad del gobernador, Jorge Herrera Caldera, respecto al problema que a futuro causará la instalación de plantas secadoras del lácteo en varios estados del país, entre otras entidades, Durango.
El presidente del Frente, Álvaro González Muñoz, dijo que durante el pasado Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros en La Laguna, pudieron dialogar con el mandatario estatal y hacerle ver el riesgo que se cierne sobre los pequeños productores de la región y del país entero.
Mencionó que afortunadamente encontraron un gobernador sensible a la problemática del sector social lechero e incluso le ordenó a su secretario de Agricultura y Ganadería, Francisco Gamboa, un informe a fondo para evaluar la instalación de la planta deshidratadora en Durango.
González Muñoz señaló que se le hizo saber que el gobierno federal ha destinado alrededor de 80 millones de pesos para la instalación de estas deshidratadoras que terminarán con la producción de leche del sector social.
Dijo que en un país deficitario de leche como México no es recomendable el secado de leche, debido a que en lugar de incrementar su valor, lo pierde al tener que competir con el mercado de otros países que protegen a sus productores y que exportan sus excedentes a bajos precios.
Explicó que se trata de una maniobra de la gran industria lechera que manejan cuatro o cinco grupos empresariales en acuerdo con los secretarios de Agricultura, el de Economía y la misma Liconsa que luego impone a funcionarios menores como en este caso ocurre en Durango y otras entidades del país.
Dijo que la situación es muy sencilla de explicar, dado que estas plantas deshidratadoras recopilan la leche, la secan y con ello pierden el valor.
Esto es, actualmente la leche se pone en las plantas mercado en 6.50 pesos por litro y los grandes industriales importan leche en polvo a un costo de 4.50 pesos, por lo que para poder competir con este producto subsidiado, sería bajar el precio a esos niveles y ello sería muy perjudicial para productores del sector social.
