En un estado de impunidad, el más fuerte es el rey. Bajo esa consigna de la selva citadina, la ley siempre es negociable, dúctil y dispuesta al mejor postor. Para el influyente, lo relevante es el dinero, la fuerza o las relaciones políticas. Con la multiplicación de la cámaras en los teléfonos, no hay semana sin un video que atestigüe de estos ciudadanos "especiales": el funcionario; el adinerado con un séquito de guaruras; el violento que a base de fuerza doblega la ley.
Ante esa situación, ocasionalmente surgen iniciativas o estrategias para tratar de encausar prácticas cívicas. Pero la labor resulta difícil y hasta peligrosa. ¿Algunas vez han llamado la atención a los automovilistas que no respetan los espacios para discapacitados? Inténtelo, así les puede ir. Mentadas de madre, amenazas y hasta agresiones les garantizo que van a recibir. Sin embargo, es revelador como una cosa lleva la otra. A nivel general podemos quejarnos amargamente de la corrupción de la política y los políticos, pero en las pequeñas actitudes, se es tolerante a la corrupción en la vida cotidiana. Un entorno de poca legalidad puede describir al gobierno y las autoridades, pero sobre todo, dice más de los ciudadanos que lo conforman. Porque sin duda, la otra cara de la moneda, la que toca a los ciudadanos, también propicia y tolera esas condiciones. ¿En verdad nos resulta extraño?
Recientemente, la delegada del gobierno de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ha utilizado transmisiones en vivo para grabar los operativos del gobierno en la calles. Específicamente las faltas viales y el retiro de automóviles de la banquetas. Como en todo, poco tardaron para documentar, a través Periscope (una red que transmite video en vivo), a los cómodos influyentes que no les basta la calle, de paso toman las banquetas. En una de ésas, un prepotente mandó a los guaruras por delante para evitar ser infraccionado. El suceso habría pasado inadvertido, si no fuera porque se grabó. De esa manera, nos enteremos santo y seña sobre el agresor. Exhibido ad infinitum en la prensa y las redes sociales, el agresor se dio por ofendido en sus derechos humanos. ¡No es broma! ¿Dónde hemos escuchado eso de "el ofendido soy yo"?
Curiosamente romper la ley y agredir a los ciudadanos no es el problema, sino ser exhibido públicamente. Quizá en un estado de impunidad generalizada como el que vivimos en México, estas pequeñas salidas, como utilizar grabaciones, sea un disuasivo para pensarla dos veces. Por supuesto, también hay detractores de la exhibición por considerarla infamante y hasta ilegal. El problema no está tanto en burlar la ley, sino exhibir públicamente el quebranto. Eso es lo que indigna según los críticos. Pero el asunto no es nuevo. Algunas policías en México ya incorporan cámaras a su ejercicio diario. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, por mencionar algunos, las cámaras hacen las veces de policías en las calles. Es el Big Brother en todos los rincones. La diferencia abismal entre esos países y el nuestro está en la legalidad, o si se quiere, en la impunidad. Acá asumimos que todo es negociable, incluso en detrimento de los mismos ciudadanos. Y cuando la ley no nos favorece, entonces recurrimos a los derechos humanos. Hay en nuestra vida pública, una especie de liberalismo disfuncional que supone al individuo por encima del derechos de otros individuos. De esa manera no hay ley que aguante, ni prácticas cívicas que lo soporten. Por lo mismo, apelar a la vergüenza se vuelve una pequeña estrategia para defender un piso mínimo de legalidad. Por supuesto, utilizar las redes sociales para exhibir puede caer fácilmente en el espectáculo, pero también, esas mismas redes documentan la miseria del ciudadano y su profundo desprecio por la ley. La infamia no viene de las grabaciones, sino de los ciudadanos mismos.
MOREIRA: ASUNTO DE ESTADO
A estas alturas del partido -36 mil millones de pesos "perdidos"-, no se puede dudar de que el asunto de Humberto Moreira, es un problema de Estado para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde esa perspectiva, el gobierno no puede permitir que toquen a Moreira I por el riesgo que éste representa para el Estado. ¿Se imaginan a Moreira incriminando al presidente Peña Nieto por los millones que desvió para su campaña? Por eso el sucinto apoyo de la Embajada mexicana en España y la PGR al ciudadano de "primera". El Estado rescatando a uno de los suyos. No se diga más. ¡Qué viva México! ¿Dirán lo mismo en Estados Unidos?
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