Ante el evidente impacto que tendrán en la economía mexicana los bajos precios del petróleo, que rondan ya el nivel de los costos de producción, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha lanzado una recomendación que más bien es una advertencia: los gobiernos deberán cerrar la llave del gasto público si no quieren que la tormenta financiera externa se convierta en huracán. Esto quiere decir que la administración pública en todos sus niveles tiene que hacer más con menos, lo cual implica aplicar recortes, asumir verdaderos planes de austeridad y concentrar la inversión en aquellas áreas que resulten más productivas. La fórmula parece sencilla, el problema es ¿por qué les cuesta tanto a los gobiernos seguirla?
A pesar de que desde finales de 2014 ya se observaban los nubarrones por la volatilidad cambiaria, la incertidumbre por el freno de la economía china y la caída de los petroprecios, el gobierno de la República no hizo la tarea en 2015 y en vez de mesurar sus erogaciones, las aumentó. De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda, el año pasado las dependencias federales gastaron en conjunto 89,845 millones de pesos más que lo que se tenía presupuestado originalmente, esto sin considerar el recorte programado a inicios del año.
Pero el mayor reto lo enfrentan los estados y municipios, los gobiernos más cercanos a la población. Según datos de Hacienda y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, 23 de las 32 entidades contarán este año con menos aportaciones federales per cápita, principalmente del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por lo que sus gobiernos se verán obligados a aumentar la efectividad en el cobro de impuestos y la eficiencia en el manejo de los recursos. De ambos factores, el segundo quizá sea más importante, ya que aunque se tenga una buena recaudación, si existe una mala administración, esos recursos no reportarán beneficios y su gasto descontrolado puede generar desequilibrio.
En este sentido, llama la atención que los gobiernos de Coahuila y de Durango mantengan, a pesar de las advertencias, una nómina más robusta de lo recomendable (uno más del 30 por ciento del presupuesto). En el primer caso el gasto por servicios personales representa el 36 por ciento del total del presupuesto, mientras que en el segundo, el 38 por ciento. Es decir, casi 40 centavos de cada peso en ambas entidades es para mantener a la burocracia, sin contar las erogaciones por servicios generales. Otro ejemplo es el ayuntamiento de Torreón que, lejos de disminuir su nómina en el último año, la ha incrementado hasta llegar a 39 por ciento del presupuesto.
Aunque los tres niveles de gobierno han anunciado recortes, ya sea en porcentaje o en número de trabajadores, a la fecha no existe un estudio que permita valorar si los planes de ahorro serán suficientes; tampoco se explica el impacto que tendrán los ajustes y cómo se pretende aminorarlo tanto en el aspecto administrativo como en el social. Las medidas comunicadas hasta ahora más parecen una retórica obligada que una verdadera postura de austeridad republicana. Ante ello, lo deseable es que la sociedad civil se involucre más en la supervisión de estos planes y su aplicación, de manera que a la vuelta de los meses o años no estemos lamentando no haber actuado a tiempo para impedir el desastre.
