La semana transcurrida nos regaló dos novedades que, en realidad, no lo eran tanto. La primera fue la aprobación legislativa del nacimiento de la Ciudad de México como capital de la República lo que sustituye la denominación como Distrito Federal.
La segunda, la fue la firma del Tratado Transpacífico, TPP, por los doce socios lo que marcó el final del primer tramo del proceso, iniciado en 2005 en Brunei, hacia la conformación de la asociación económica más grande del mundo y de la historia.
Pese al entusiasmo con que fueron presentados al público mexicano, ambos hechos han pasado como poco percibidos, y aún menos festejados.
Es fácil hallar la explicación. El cambio de designación formal de la capital de México poco o nada añade a las condiciones de vida de los nueve millones de habitantes de la ciudad sin que signifique algo para la vida de los
Otros tantos de población que vive en los cuarenta municipios conurbados. La finalidad principal que inspiró el plebiscito realizado hace más de veinte años para elegir al jefe de Gobierno ya se había logrado en 1997.
Para el habitante medio de esta ciudad, los problemas que esperan respuesta y solución son llanos y cotidianos: seguridad en las calles, en los barrios y los hogares por una policía confiable, abastecimiento seguro y suficiente de agua potable, servicio de alumbrado, disposición de basura, eliminación de la corrupción en licencias y permisos de construcción y creación de un sistema integral de transporte público. Esta lista es corta en relación con lo que a diario se confronta el capitalino. Es una burla cruel preguntarle cual nombre prefiere para este paciente y sufrido conglomerado humano.
No es poca cosa que las asociaciones cívicas hayan presionado a los partidos políticos a legislar para que el jefe de la administración capitalina fuese de elección directa. El papel de Porfirio Muñoz Ledo es innegable. Esta cuestión ya está resuelta. Lo que está tercamente pendiente es una serie de enquistados problemas que no se remediarán simplemente con aventarles reglamentos, leyes ni sesudas reformas constitucionales. Los políticos festejaron la nueva designación de la ciudad. El público sólo percibe un primer paso hacia un complejo proceso de debate legal para llegar a una constitución para la nueva entidad y su subsecuente aparato burocrático que ampliará el actual con sus respectivos e inevitables costos.
La segunda novedad de la semana fue, como arriba ya se dijo, la fotografiada firma en Wellington, Nueva Zelanda, por los ministros de economía de los doce países socios del TPP. La nota de sobriedad la dio nuestro secretario de Economía que advirtió que la entrada en vigor del instrumento tardará hasta pasadas las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La cautela se impone por el simple hecho de que la sanción del Congreso en Washington no es cosa segura. La posibilidad contraria pone en jaque todo el largo proceso de negociación que convalidó varios elementos difíciles de aceptar para varios países o, por el contrario, ciertos aspectos que, a juicio de otros, faltan.
Tanto la nueva fisonomía jurídica de la Ciudad Capital como la efectiva realización del TPP se presentan heridas de sus respectivos lastres, aquélla por extemporánea y excedida, y la otra por su incierto futuro y discutibles virtudes.
Para la opinión púbica en general el cambio de carácter jurídico de la ciudad capital es asunto ajeno y remoto, sin mayor trascendencia. En cuanto al nuevo tratado internacional, por importante que sus dimensiones puedan ser, la única prueba estará en su operación que, como en el caso del TLCAN, tendrá beneficios para unos sectores y problemas para otros. El que añada un neto de beneficios tangibles no depende sino de la actividad de nuestros productores y comerciantes en un mundo complejo y movedizo.
En ambos casos hay lecciones que aprender: nunca las segundas partes fueron buenas. El objeto esencial de la reforma del Distrito Federal ya estaba firme; no había que añadirle peso burocrático. En cuanto al TPP, las escenificaciones no conquistan. El mexicano está curtido contra grandilocuencias políticas que sólo anuncian futuros.
