La sorpresa del anuncio sobre la orden de aprehensión contra Arturo Escobar y su renuncia como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana parecían demasiado buenas para ser verdad. Si consideramos que no es posible minimizar su efectivo trabajo para conseguir el éxito de la coalición PRI-Verde en la elección intermedia de este año, el hecho de que desde la Secretaría de Gobernación no se detuviera su declive resultaba cuando menos sospechoso.
Pero no pasaron demasiados días para que todas las operaciones que realizó fueran bien recompensadas con la negativa de la jueza Rosa María Cervantes Mejía que se negó a girar el auto de formal prisión en su contra. No sólo eso, sino que ahora Escobar presentó una denuncia ante la PGR en la que culpa a Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de haber dañado su reputación.
Claramente el señor Escobar hizo oídos sordos de las solicitudes masivas de ciudadanos y organizaciones demandando su remoción como subsecretario en las que se aludía claramente a su cuestionable reputación y a su nulo prestigio. Poco podemos hacer sobre su percepción de sí mismo, lo que resulta inadmisible es el giro que este asunto ha dado en contra de un funcionario que a pesar de las presiones y obstáculos desde el poder, asumió sus facultades plenas como fiscal para determinar que el Partido Verde había cometido delitos electorales probados y que sustentaban claramente consecuencias penales en las que había responsables.
Desde el PRI se gestó una campaña para restarle legitimidad al fiscal, con argumentos muy débiles en los que se hacía referencia a su trabajo como asesor externo del PRD. Interesante que esa pulcritud sobre asesorías a partidos y gobiernos les haya pasado desapercibida cuando apoyaron a toda costa el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.
Como la campaña contra el fiscal no resultó tan efectiva como la operación de Escobar para hacer de su partido un proveedor de souvenires, el PRI y el Verde se han movido para que sea ahora el fiscal quien enfrente cargos penales en su contra.
Ya lo dijeron a toda voz las organizaciones y académicos expertos en observación y delitos electorales, "Santiago Nieto ha demostrado ser un fiscal dedicado al abatimiento en el rezago de las averiguaciones previas, la incorporación de nuevas tecnologías para que los Ministerios Públicos informen en tiempo real, la transparencia y la comunicación permanente y eficaz". Ni el INE ni el Trife sumaron suficiente voluntad para derribar las barreras del poder y penalizar a quien en el Partido Verde se encargó de la compra de diez mil tarjetas, mismas que distribuyó haciendo uso ilegal de datos personales de ciudadanos no registrados en su padrón electoral. Santiago Nieto lo hizo, quizá sin calcular que el acceso a la justicia es diferenciado y que los delincuentes como Escobar están tan bien blindados que quien corre el riesgo es quien los denuncia y pide consecuencias.
Por ahora la Fepade puede apelar la decisión de la jueza, mientras la PGR recibe la denuncia de Escobar contra Nieto. En este contexto no sobra advertir que el Partido Verde cuenta con el soporte total de los medios convencionales a quienes su partido representa desde el Legislativo ¿Podremos esperar que no se muevan los hilos que vinculan a estos medios con la titular de la PGR? ¿La justicia se impondrá sobre la protección política? ¿Cuál será el costo de solicitar que las operaciones delictivas de la coalición PRI-Verde tengan consecuencias penales? Espero que la historia no sea narrada en las próximas elecciones en un cineminuto propagandístico cuya efectividad reditúe nuevamente en favor del PRI.
Analista política y activista ciudadana
