Un sistema de salud público universal puede ser uno de los mayores paliativos en un país con altas tasas de pobreza.
Una de las lecciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, es que México tiene un sistema fiscal frágil. La despetrolización que de facto (y no por diseño) está ocurriendo en los ingresos del gobierno, junto a inercias en varios rubros del gasto público, hacen que sea complicado fondear nuevas políticas públicas. También que la viabilidad de las actuales quede en entredicho.
A la luz de lo anterior, uno de los renglones más sensibles por su importancia en el bienestar de la población mexicana es lo que concierne a la seguridad social. El tema de las pensiones ha acaparado la atención en los últimos meses. Una gran tasa de crecimiento en el gasto público para pagarlas y dudas sobre los límites del sistema de cuentas individuales parecieran justificar la preocupación que crece en la opinión pública. El otro gran componente de la seguridad social, el sistema de salud pública, ha recibido menos atención. Postergar una discusión a fondo de dicho sistema puede resultarnos muy caro como país.
El presente gobierno definió como una de sus metas prioritarias lograr un sistema de salud pública universal. Más allá de que dicho postulado requiere una serie de precisiones, existen tres retos claros. El primero se refiere a lograr una cobertura efectiva. El segundo tiene que ver con qué servicios se incluirían en dicho sistema y si todos estarían disponibles para la población completa. El tercero, y quizá mayor de los tres es como garantizar una sostenibilidad en el largo plazo.
En teoría todos los mexicanos ya cuentan con un sistema de salud pública. Sin embargo, varias investigaciones han mostrado que en la práctica esta meta todavía es lejana. Se puede mencionar una serie de causas: ignorancia de a qué subsistema se pertenece y cómo operan las reglas, distancia a los centros de salud y carencias para transportarse o cubrir costos ligados a los tratamientos (este factor es especialmente grave para la gente en poblaciones muy remotas), saturación de los servicios, etcétera.
Una de las decisiones más controversiales respecto a qué servicios proveer y cuáles enfermedades deben de ser cubiertas en el sistema. Actualmente el Seguro Popular ofrece un subconjunto de los padecimientos que cubre el IMSS o el ISSSTE. De la misma manera, si el financiamiento del sistema de salud público debe venir en su totalidad del gobierno o si debe complementarse con contribuciones privadas. De ser el caso de lo segundo, si esto implica derechos diferenciados.
El reto de la sostenibilidad del sistema de salud pública es doble. Por un lado se trata de asegurar los recursos fiscales que permitan mantener lo que ahora tenemos. Segundo, la transición demográfica que vive el país trae de la mano una transición epidemiológica, donde las enfermedades infecciosas disminuyen, pero las cronicodegenerativas van en aumento. Estas últimas implican tratamientos muy costosos, que a la vuelta de la esquina pueden ser una bomba de tiempo.
Un sistema de salud público universal puede ser uno de los mayores paliativos en un país con altas tasas de pobreza y marcada desigualdad. Las restricciones fiscales que vive México obligan a una discusión abierta e informada, de cómo volver viable una de las políticas públicas más importantes en el siglo XXI.
Este viernes 27 la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey organiza un seminario sobre la universalización de los sistemas de salud pública en México. Se contará con la participación del director general del IMSS, del director general del Instituto Nacional de Salud Pública, de la jefa de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud y se presentarán varias investigaciones sobre el tema realizadas en el Tecnológico de Monterrey. Difícilmente se puede exagerar la urgencia de analizar a fondo el tema.
(Profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.)
