Una de las principales acciones derivadas de la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de la República es la evaluación de docentes y directivos de las escuelas del país. El objetivo de dicha medida es conocer realmente las capacidades de quienes tienen en sus manos la labor de formar en lo académico a los niños y jóvenes. En función de los resultados, se contemplan ajustes en cuanto a la asignación de plazas, capacitación y estrategias. Más allá de los puntos cuestionables de la evaluación, que sin duda deben mejorarse, la intención es positiva y tiende a generar un sistema en el que el mérito y la preparación, y no los privilegios gremiales, burocráticos o políticos, sean los factores preponderantes en la educación. Algo parecido se hace ya desde el sexenio pasado con los cuerpos policiacos, cuyos integrantes son sometidos periódicamente a pruebas de control y confianza para revisar si son probos y aptos en la tarea de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Si, como es la premisa del gobierno, estas evaluaciones funcionan ¿por qué no aplicarlas en todos los demás ámbitos de la esfera pública?
La semana pasada, mientras se concluía el proceso de evaluación de los maestros, se dieron a conocer dos noticias que ponen en relieve la ausencia de controles en la administración pública. El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, reconoció que en la dependencia a su cargo se dan actos de corrupción y que pensar lo contrario sería ingenuo. Citó que las principales áreas proclives a actos indebidos son aduanas, auditorías fiscales y la cobranza del crédito fiscal y que, de acuerdo a una encuesta, tres de cada diez contribuyentes perciben que la corrupción es alta o muy alta en el SAT. Lo que llama la atención es que, si bien un primer paso para resolver los problemas es reconocerlos, el funcionario federal omitió detallar las acciones que se están llevando a cabo para enfrentar las irregularidades y para mejorar la selección y supervisión del personal a su cargo.
Unos días después de esa declaración, el propio SAT anunció que, en un hecho sin precedentes, asumiría el control total del cobro de impuestos en el estado de Sonora debido a que, según denuncias anónimas, la administración del exgobernador panista Guillermo Padrés otorgó beneficios fiscales irregulares a 574 contribuyentes lo cual provocó que se dejaran de cobrar 1,705 millones de pesos. Este hecho generó críticas por parte del PAN, quienes exigieron que Hacienda mida “con la misma vara” a las entidades gobernadas por el PRI. Como ejemplos, el vocero del blanquiazul, Fernando Rodríguez Duval, citaó a los estados de Veracruz, Coahuila y Nuevo León en donde, dijo, “hay sospechas fundadas de que presentan muchas irregularidades en materia recaudatoria, de gasto y endeudamiento”.
Más allá de la polémica, lo que esta situación evidencia es que, con matices, aún no existen los controles adecuados en los tres niveles de gobierno para evitar que los funcionarios incurran en irregularidades en el ejercicio público, ya sea por falta de preparación o de forma deliberada. Ante esto, los cuestionamientos son pertinentes: ¿qué garantía existen de que los servidores públicos al frente de las instituciones y en los mandos medios sean los más aptos para desempeñar la función que les asignan los ejecutivos federal, estatal y municipal? ¿Bajo qué criterios son seleccionadas las personas que tienen a su cargo decisiones y trabajos en materia fiscal, inversión, contraloría, protección civil, salud, desarrollo urbano, fomento económico, asistencia social, comunicaciones y demás áreas de la administración? ¿Quién evalúa su labor y con qué parámetros?
De la misma manera que hoy se exige a los maestros la preparación suficiente para estar frente al salón de clases, todos los demás servidores públicos deberían ser sometidos a una evaluación rigurosa de sus capacidades técnicas y facultades éticas para eliminar los márgenes de impericia, discrecionalidad y corrupción en el ejercicio de sus funciones. Si lo que se pretende es terminar con los privilegios gremiales y buscar que los mejores perfiles se desempeñen en la labor docente, lo mismo debería aplicar para todas las áreas de la administración pública. Sólo así la eficiencia y la rectitud pudieran ganarle terreno al pago de favores y el “amiguismo” que impera en la selección de los integrantes del aparato burocrático.
