Cada vez más surgen voces en pro de la legalización de las drogas, principalmente la marihuana. El Estado de Portugal promueve la política más liberal al respecto, y sin embargo, no llegaron en masa los consumidores. Más bien los regularon. Ahí el menú es el más grande y variado, incluyendo drogas duras. No obstante esa política, nadie habla de un capo lusitano; tampoco la violencia ensombrece las calles de ese país. En 2013, Uruguay legalizó la marihuana con un proyecto amplio no sólo para el consumo, sino para la producción y venta. La propuesta va a la demanda, y a la oferta. Pero desde allá no escuchamos sobre fugas espectaculares de una prisión de alta seguridad. Mucho menos de cárteles que doblegan a ese pequeño, pero respetable gobierno.
Estados Unidos, un país que promueve el combate contra las drogas en el mundo (los ejemplos más sangrientos y desastrosos son Colombia y México), está cambiando de dirección. Más de una docena de estados, ya han legalizado el consumo y hasta la venta marihuana. Con el aval de los votantes en las urnas en 2014, los ciudadanos de Oregon y Washington D.C dijeron sí a la legalización de la cannabis. El mundo no se derrumbó y las cosas siguieron de rumbo.
Recientemente Nick Clegg, exvice primer ministro del Reino Unido, impulsa una campaña en Europa para cambiar las políticas sobre las drogas. Escuchemos sus palabras: "Transformar una política fallida es difícil… En vez de criminalizar a millones de jóvenes y fijarnos objetivos poco realistas, como la erradicación total de las drogas, ha llegado el momento de que los gobiernos busquen alternativas basadas en la realidad" (El País, 2 de octubre 2015).
De acuerdo con el último Informe Mundial sobre las Drogas (ONU, 2014), las muertes ocasionadas por el consume de drogas no superó los 226 mil muertos. El alcohol, una de las drogas legales y predilectas de los consumidores en el mundo, causa la muerte de 3.3 millones de personas al año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El tabaco mata cada año casi 6 millones de personas (OMS, 2015). El consumo de alcohol y tabaco se ha reducido gracias a campañas preventivas, aumento de impuestos, y hasta prohibición de anuncios comerciales. Sobre las drogas ilegales como la marihuana, pesa el estigma de la prohibición, y peor aún, la criminalización de los consumidores. En el sexenio pasado los mexicanos sufrimos una guerra absurda por el combate a las drogas y el narcotráfico. El rentable negocio no desapareció, pero creció exponencialmente la violencia, el secuestro, las extorsiones y los robos. De la misma manera, la organizaciones criminales han tenido el suficiente poder de fuego y económico para corromper el estado.
En el Congreso de la Unión no ha avanzado un debate serio sobre las drogas y la legalización. Por su parte, el Gobierno Federal, prefiere sacrificar a los ciudadanos, en vez promover una política radicalmente distinta con respecto al consumo, la producción y venta de drogas. Irónicamente, teme contrariar la política exterior gringa, en vez de atreverse a cambiar las reglas del juego. En un suceso inédito, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a presentar el próximo 28 de octubre, un proyecto que buscar declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley general de Salud donde se prohíbe la siembra, el cultivo y la posesión de la droga para autoconsumo con fines recreativos. Por momentos, la argumentación del valiente ministro, retoma lo mejor del pensamiento liberal expuesto por John Stuart Mill. ¿Por qué el Estado tiene que decidir sobre el consumo privado del individuo? En su proyecto, el ministro Zaldívar no minimiza los daños por el consumo de la marihuana, pero tampoco criminaliza. Cito el proyecto del ministro: "Este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia, a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona".
Con la legalización no se acaban al día siguiente los problemas del narcotráfico o los problemas de salud pública. Sin embargo, las políticas actuales han sido desastrosas y con resultados adversos para la sociedad. Ya es hora de cambiar el rumbo. Ojalá la Corte impulse esa tendencia.
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