Los informes de las 3 más recientes visitas de expertos de los organismos internacionales en derechos humanos provocaron reacciones adversas del gobierno mexicano, a pesar de la contundencia y coincidencia de los argumentos y las estadísticas que éstos presentan. Primero fue el del relator especial contra la tortura de la ONU, en marzo de este año; siguió la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace apenas 10 días; y, finalmente, la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La reacción más virulenta fue en el caso de Juan Méndez, relator especial, incluso descalificándolo personalmente, las estadísticas más contundentes las presentan los dos últimos informes. El gobierno mexicano se limita a descalificar; a alegar que las violaciones no son generalizadas, sino casos específicos; y a pedir que se valoren también los avances que se han hecho en la materia, por parte del actual gobierno.
Las cifras que proporciona, Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU, son como el mismo señala: "simplemente impactantes" para un país que no se encuentra en medio de un conflicto: "151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015… Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas... Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes."
El informe de la CIDH, dado a conocer por su presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, aporta algunas cifras que son menos conocidas e igualmente impactantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes corresponde a niveles epidémicos de violencia; en México, de acuerdo a las cifras del INEGI, en 2013 fue de 19.43 y se redujo para el 2014 a 16.43, que todavía es superior al límite establecido por la OMS; pero hay estados como Guerrero con una tasa de 42.68; Sinaloa, 33.33 y Chihuahua con 29.36.
De acuerdo a la información oficial, el número de personas civiles muertas por el Ejército disminuyó de 1,297 en 2011 a 459 en 2013; pero la Secretaría de la Defensa Nacional decidió dejar de proporcionar dicha estadística a partir de abril del 2014. Ante la falta de información especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM) realizaron un análisis del índice de letalidad, que es la relación del "número de civiles muertos por cada civil herido en situaciones calificadas por las autoridades como "enfrentamientos". De acuerdo al creador del índice "cualquier cociente superior a 1 estará apuntando a un abuso de la fuerza y a la existencia de ejecuciones sumarias". El índice de letalidad del ejército "fue de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en 2013 y 11.6 en el primer trimestre de 2014".
Aunque no hay datos respecto a las personas torturadas, una organización de la sociedad civil estima que unas 10,000 personas son torturadas anualmente y el documento del CIDH refiere que "…en 15 entidades federativas, la tortura no está tipificada en los códigos penales estatales y otros 15 no cuentan con ley especial en la materia." Lo que sin duda permite que la misma se practique en casi absoluta impunidad, ya que de acuerdo a Juan Méndez: "Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces".
Otra de las graves violaciones a los derechos humanos que revisa el informe de la CIDH es el desplazamiento interno forzado, es decir, los habitantes de una determinada comunidad que se ven obligados a salirse por la violencia imperante en la misma y, aunque refiere que no hay cifras oficiales, revela un cálculo del Internal Displacement Monitoring Center, "que a finales de 2014 señala que había por lo menos 281,400 desplazados internos en México."
Además de las cifras los informes presentan argumentos para respaldar sus conclusiones. A pesar de ello las autoridades mexicanas se niegan a reconocer sus informes y como se refieren al caso Iguala revela muy claramente donde están las diferencias.
Mientras Roberto Campa, subsecretario de derechos humanos de Gobernación señaló explícitamente: "creemos que a todas luces el caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria y no hay posibilidad de comparar este caso con ningún otro en el país, mucho menos plantear que ésta es la situación generalizada". Mientras para el alto comisionado "…representa un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero".
El informe de la CIDH es contundente: "Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto."
Y, en consecuencia, Al Hussein sentencia: "cuando tienes 98 por ciento de casos criminales que no han sido resueltos, esto demuestra la falta de protección que la mayoría de los ciudadanos mexicanos sienten". Los argumentos de los funcionarios mexicanos sucumben ante la contundencia de las cifras.
