Ayer se celebraron setenta y nueve años del reparto agrario en La Laguna, evento que entonces marcó un parteaguas en la propiedad territorial y en el desarrollo agrícola de esta región al fraccionarse los latifundios de compañías extranjeras y terratenientes nacionales y dar pie a la creación de ejidos como principal forma de apropiación del suelo y forma de producción en el campo lagunero.
Según un estudio previo al reparto, el que elaboró la Comisión Nacional Agraria en 1928, había entonces en la región 221 propietarios que concentraban amplias superficies de cultivo bajo riego y otras de eriazo, mismas que empezaron a afectarse al finalizar el movimiento armado de inicios del Siglo XX, pero que cobra trascendencia en 1936 cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas expropia dos tercios de esa superficie y la entrega a 34 mil peones agrícolas que conforman trescientos ejidos.
A partir de este evento el ejido se convierte en el eje de la economía agrícola y en gran parte del desarrollo regional, ya que en el cultivo del algodonero tenía uno de sus pilares, transformación que cambia las condiciones de vida de la población rural que habitaba en caseríos aledaños a los cascos de las haciendas como "acasillados", surgiendo comunidades rurales de pequeños productores agrícolas que cultivaban con créditos y asesoría técnica proporcionadas por oficinas de gobierno, modificando la forma y monto de sus ingresos de estar sujetos a las tiendas de raya de los hacendados con bajos salarios a recibir ganancias de la venta de la fibra.
Este cambio duró algunas décadas hasta que la fibra sufre el desplome de sus precios en el mercado internacional, el gobierno utiliza el crédito como instrumento de control político y la propia política agropecuaria se orienta a promover prioritariamente la empresa agrícola privada. La llamada segunda crisis del algodón que surge de la desventajosa competencia que enfrentan las fibras naturales con las fibras sintéticas derivadas del petróleo, hace poco atractivo ese cultivo y provoca una reconversión productiva regional hacia los forrajes y frutales como vid, nogal y melón, donde finalmente los primeros se imponen cuando se impulsa la cuenca lechera.
Si bien el ejido participa en esta reconversión que se desarrolla principalmente en el sector empresarial, persiste como productor de algodón hasta la penúltima década del siglo pasado, cuando acontece su tercera crisis de la que ya no se recupera; hasta ese momento dependió del apoyo oficial en materia de crédito, asesoría técnica, asignaciones de agua y otras formas en que se expresaba la política agropecuaria en el país, pero esa dependencia le cuesta su final desintegración cuando su orientación cambia con el neoliberalismo salinista.
A la par que las oficinas de gobierno sostenían la economía ejidal, se promovía el sector empresarial con créditos, subvenciones y otras medidas que lo fueron convirtiendo en el eje de la economía agropecuaria regional, integrando la cadena productiva de forrajes, leche y lácteos, a la cual se subordina la mayor parte de la producción ejidal, situación que prevalece a la fecha. Las políticas neoliberales de restricción de créditos al ejido a partir de 1990 y las reformas en las leyes agraria y de aguas fueron el corolario que favoreció la desintegración de la economía ejidal, cuando ante la falta de disponibilidad de recursos financieros para continuar produciendo empezaron a enajenar tierras y derechos de agua al sector empresarial.
De hecho, la consolidación de la cuenca lechera regional que ocurre durante la última década del siglo pasado y la primera del presente, se basó en la expansión de tierras de cultivo en los ranchos privados basada en las transferencias que el ejido realizó de sus tierras y derechos de agua ante la última crisis del algodón y los cambios en las políticas agropecuarias del salinismo, duplicando sus sembradíos de forrajes y el hato lechero.
El Siglo XXI ha sido para el ejido un período de lucha por la subsistencia donde prevalecen los ejidatarios que logran sobrevivir como productores agrícolas, ahora con áreas de cultivo mayores a las otrora dos hectáreas que lograron sembrar con apoyo oficial, ya que adquirieron parte, menor que las acaparadas por los empresarios, que sus pares en el seno de sus ejidos les transfieren, conformando una población rural diferenciada entre una pequeña clase media rural y otra de campesinos pauperizados que subsisten año con año hasta que sean absorbidos por los anteriores o los propios empresarios que no cejan en ampliar su monopolio de tierras y aguas.
Como expresan algunos viejos campesinos, hoy en día sus tierras volvieron a los nuevos grandes propietarios que las concentran de manera lícita apoyados en las reformas salinistas, por ello son pocos los que aún pueden celebrar aquel seis de octubre en que les repartieron las tierras afectadas a los latifundios, enfrentando un futuro incierto ante la posibilidad de continuar el proceso de descampesinización iniciado hace dos décadas y media.
