El informe de observaciones preliminares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la semana pasada, luego del trabajo de campo que realizó en cinco estados de la República -Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz- y el Distrito Federal, despertó una controversia entre el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno mexicano.
La conclusión de dicho informe apunta a que México vive una grave crisis de derechos humanos manifestada en una situación extrema de inseguridad y violencia; violaciones graves como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles alarmante de impunidad, y una deficiente atención a víctimas y familiares. El trabajo de la CIDH fue darle rostro a un problema que hasta ahora se ha ido haciendo visible sólo a través de la estadística, así como sumar testimonios de esta crisis.
La reacción del gobierno de la República se dio a través de la Secretaría de Gobernación, la cual descalificó la conclusión preliminar del informe de la CIDH bajo el argumento de que no es posible explicar la situación del país en cinco días -tiempo que duró la visita- y en un recorrido en el que contempla sólo a seis entidades.
Más allá de esta controversia, el informe no sólo lanza críticas contra el Estado mexicano en su conjunto, sino que también reconoce los avances y esfuerzos que se han dado en algunos rubros, como las reformas en materia de derechos humanos, cambios constitucionales, la publicación de la nueva Ley de Amparo y la Ley de Víctimas, el Programa Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y el nuevo Sistema Nacional de Justicia Penal, entre otros.
No obstante, estas acciones resultan insuficientes, de acuerdo con la CIDH. Y más que una crítica somera, lo que plantea el organismo es una serie de retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de derechos humanos. Entre ellos destaca la falta de protección a las personas más vulnerables -pobres, migrantes y refugiados, mujeres, niñas y niños, homosexuales y lesbianas e indígenas- quienes son las víctimas más frecuentes de delitos y abusos.
Otro reto es la alta incidencia en la omisión de denuncias de estos delitos y abusos, lo cual aumenta la cifra negra, y que se debe a la falta de confianza institucional y al miedo a sufrir represalias. Este tema está vinculado con las amenazas que reciben periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que denuncian situaciones irregulares de gobiernos y fuerzas del orden público.
Además, la Comisión menciona la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Víctimas, fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, desmilitarizar la seguridad ciudadana, enfrentar de una forma más eficaz al crimen organizado y, en suma, disminuir la brecha que existe entre el andamiaje legal y la realidad cotidiana que viven millones de personas.
Más que enfrentamiento y polémica, este informe debería generar entendimiento y un acercamiento entre el organismo internacional y las instituciones del Estado mexicano para avanzar en los grandes pendientes que aún se tienen en materia de derechos humanos. El gobierno de la República pide ver no sólo lo malo de la realidad nacional, pero parece no actuar en consecuencia al revisar el trabajo de la CIDH y mostrarse sensible sólo a los señalamientos y no a los reconocimientos pero, sobre todo, a los retos.
