El sábado pasado un aguacero desinfló el ímpetu de la marcha en la ciudad de México, que concluyó en un emotivo mitin en el zócalo capitalino. Justo ese día se cumplía el primer año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal del Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero. En el mismo acto donde los aspirantes a maestros fueron privados de libertad para luego desaparecerlos forzadamente, fueron abatidas cinco personas más a tiros. David Josué García, un jugador del equipo de tercera división, denominado los Avispones de Chilpancingo fue muerto esa noche junto a Víctor Manuel Lugo, chofer del autobús que los transportaba a su ciudad de origen, luego de haber celebrado en la víspera un partido de liga.
Más de un año ha pasado desde ese abominable crimen y nada está claro de qué fue lo que verdaderamente sucedió aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014.
La primera versión oficial entregada por el gobierno fue que el alcalde municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron piezas clave en el engranaje criminal que planeó y ejecutó el asesinato de las cinco víctimas y la desaparición de los estudiantes.
Supuestamente el alcalde perredista y su mujer están ligados hasta las cachas al grupo criminal denominado Guerreros Unidos y al momento de que los estudiantes se dirigían en cuatro autobuses a realizar una protesta política, fueron interceptados por la propia policía preventiva de Iguala a punta de pistola y balazos para ser entregados a miembros de la asociación delincuencial a la que estaba ligado el edil, quienes aparentemente ultimaron a los estudiantes, ya que éstos fueron confundidos como parte del grupo rival criminal, reconocido como Los Rojos.
El asunto desde el inicio fue un desastre para las autoridades federales. Pasaron días en que el silencio de la federación fue la norma. El gobernador de extracción perredista, pero de origen priista, Ángel Aguirre tampoco fue capaz de explicar tan atroz hecho, lo que a la postre le obligaría a renunciar a su cargo.
La propia presión que a las semanas del hecho destaparía, forzó a que tarde al fin el gobierno de la república tuviera que hacerse cargo de la investigación para tratar de esclarecer el caso. El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam encabezó las indagatorias e informó a la opinión pública del resultante de las investigaciones.
Decenas de presuntos delincuentes fueron apresados, incluidos Abarca y su esposa, y pasados determinados meses Murillo presentó lo que él denominó como la "verdad histórica", que consistía en apuntar que el destino fatal de los 43 estudiantes fue la muerte a manos de los mentados Guerreros Unidos, quienes incineraron los cuerpos en un basurero y los restos fueron arrojados a un río.
Los padres de los desaparecidos no aceptaron la versión del todo y siguieron en su lucha, ahora más legitimada cuando un reporte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desechó la versión de la PGR de Murillo en cuanto a la incineración de los cuerpos a grado de reducirlos a cenizas, ya que sus argumentos científicos afirman que la intensidad del fuego que ocurrió en el basurero de Cocula no fue la necesaria para desintegrar los cadáveres al grado que se había informado.
La revelación dio un vuelco al fondo de todo este asunto que la federación quiso reducir a un terrible asesinato múltiple perpetrado por una banda de asesinos en colusión con una policía municipal de Iguala. En definitiva algo está ocultado el gobierno, porque ahora es público que "la verdad histórica" de la PGR tiene inconsistencias inaceptables como para reducirlo a un simple error.
¿Quiénes más están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes? ¿La Policía Federal? ¿El Ejército Mexicano? La interrogante está ahí y hasta entonces no se conozca y se agote, la interminable desconfianza del pueblo hacia el gobierno será una vez más justificada.
Más allá de los grupos anarquistas, radicales y rebeldes que aprovechan la legítima protesta de los padres y familiares de los estudiantes; del oportunismo del presidente Peña al "hacerles el favor" de reunirse con los deudos y aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana es importante para todos los mexicanos que lo trascendente es, primero que se haga justicia y a la par, que se sepa la verdad, aun si está involucrado el ejército.
