Si quedaba alguna duda sobre las motivaciones políticas de la reforma para prohibir la tauromaquia en Coahuila, el fin de semana pasado el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, se encargó de despejarla. Nuestros subagentes disfrazados de toros de lidia con crisis existencial nos informan que el sábado, día en el que se llevó a cabo la anunciada novillada organizada por el empresario Armando Guadiana Tijerina, la gente de don Víctor movió cielo, mar y tierra para entregar al personal del área jurídica del ayuntamiento de Saltillo un oficio en el que se le exhorta amablemente a que hiciera los necesario para impedir que el festejo taurino se llevara a cabo. En dicho oficio se explica a grandes rasgos que fue concedida una suspensión provisional en el juicio de amparo promovido por los organizadores de la última corrida de toros en esta provincia, pero que dicha suspensión no abarca a los permisos que la autoridad municipal otorgó para la realización del festejo de marras.
Por lo tanto, el secretario de Gobierno le pide al ayuntamiento que lleve a cabo las inspecciones correspondientes a esos permisos, obviamente con el fin de encontrar cualquier pretexto para la cancelación del evento. Pero la gente de Isidro López, alcalde de Saltillo, no se quiso echar la bronca encima ya que días antes comenzó a correr el rumor en redes sociales de que quien asistiera a la novillada corría el riesgo de ser detenido porque ya se había promulgado la reforma “antitaurina”, y el llegar a hacer las verificaciones hubiera provocado psicosis entre el respetable público asistente. Dicen que lo que salvó a Guadiana y compañía fue la precipitación del gobierno provincial de hacer la promulgación el martes, lo cual les dio tiempo suficiente para presentar los amparos y evitar así ser molestados por la autoridad. Otra cosa hubiera sido si la publicación de la reforma se hubiera hecho el viernes, o sea, un día antes del festejo taurino, ya que ahí sí los organizadores no hubieran tenido tiempo de hacer sus movidas legales. Cuentan las malas lenguas que todo este asunto incomodó al gober Rubén Moreira a tal grado que tomó la decisión de no celebrar el tradicional Grito de Independencia en la urbe de adobe sino hacerlo en otra ciudad de la entidad. ¿Será?
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Dicen que los que están sumando quejas y reclamos contra los distintos niveles de gobierno son los empresarios coahuilenses de diversos sectores. Y es que a la reforma fiscal que sólo ha venido a complicar y mermar las finanzas de las personas físicas y morales, se han ido sumando agravios que los tienen sumidos en la muina. Uno de los sectores más alebrestados es el de los productores agropecuarios, quienes están inconformes con las medidas que ha venido aplicando el gobierno de Rubén Moreira. Primero, la ley de desaparecidos que contempla que los patrones deben hacerse responsables de la familia de los trabajadores que sean declarados ausentes, cuando creen que debería ser responsabilidad del gobierno. Segundo, la prohibición de la fiesta brava que viene a impactar la economía y los intereses de algunos ganaderos taurinos, en un acto que consideran un capricho para escarmentar a Armando Guadiana, quien trae pleito casado con los Moreira y además quiere ser candidato independiente a la gubernatura. Y tercero, las inspecciones que realiza la Secretaría del Trabajo en campos agrícolas, no tanto por el hecho de hacer cumplir la ley para evitar que los niños sean usados como mano de obra -lo cual está muy bien-, sino por la forma de proceder, prejuzgando antes de hacer la revisión y casi calificando a todos los productores como delincuentes y explotadores. Pero también los constructores e industriales están molestos, pero por la falta de transparencia con la que se han manejado los recursos del polémico Impuesto Sobre Nóminas. Y es que en una reciente reunión que sostuvieron en la región Centro con el secretario de Finanzas, Ismael Ramos, éste les pidió muy quitado de la pena que autorizaran el paquete completo de obras proyectadas de 2012 a 2014. Pero los integrantes de las cámaras que conforman el comité del ISN se preguntan a cuáles obras se refiere don Lito, ya que hasta ahora no han sido informados de los detalles de las mismas y mucho menos de sus avances. Para acabarla de amolar, varios de los proyectos que los empresarios propusieron para 2015 fueron excluidos por el gobierno provincial. Por último, los gasolineros están en plan de franca rebelión contra el delegado de la Profeco en Coahuila, Sigfrido Macías, por la manera en la que ha llevado el asunto de las sanciones a estaciones de servicio. Los expendedores de combustible dicen que a pesar de que sólo el 5 por ciento de las bombas que han sido inmovilizadas corresponde a las que despachan litros incompletos, don Sigfrido ha hecho ver que todas las gasolineras están robándole al consumidor, cuando la mayoría de las sanciones son por faltas “menores”. O sea que, según los empresarios, está bien que sí pero no tanto. Mientras son angas o mangas, dicen que los gasolineros ya se están organizado para presentar una demanda contra la Profeco. Vientos de rebeldía empresarial se respiran en Coahuila... ¿campo fértil para un posible “Bronco”?
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Los que también andan molestos son los trabajadores de la Oficina Legislativa del Gobierno de Coahuila, mejor conocida como Congreso local. Cuentan los subagentes vestidos de curules que la molestia se debe a que les están haciendo de agua algunas prerrogativas económicas que año con año les entregan. Resulta que antes del arranque del ciclo escolar, a los burócratas de la Cámara de Diputados les dan un “apoyo” de 2,000 pesotes para la compra de útiles escolares, quién sabe bajo qué acuerdos. El chiste es en principio les dijeron que este año sólo les tocaría a los empleados sindicalizados, lo cual causó enojo entre el personal de confianza. Pero ya al 20 para las 12 les informaron que siempre sí habría para todos, pero que como requisito tenían que presentar factura. Y como el tiempo no fue suficiente, muchos no pudieron cumplir con el requisito y se quedaron sin esa ayudita. Más allá de si la medida es conveniente o no, los maldicientes se preguntan a dónde va a ir a parar el dinero que no se entregó y que ya estaba presupuestado, ya que los empleados no fueron informados de ello. A ver si los legisladores locales, tan “celosos” siempre del uso de los recursos públicos, pueden dar algún norte de a qué partida se reasignará ese dinerito (a qué le tiras cuando sueñas... coahuilense).
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A quien no le fue del todo bien en el mensaje de su segundo informe de gobierno es al alcalde de Gómez Palacio, José Miguel Campillo. Nuestros subagentes vestidos de acarreados nos reportan que hubo “ligeros” problemas con el tiempo, ya que el acto, realizado en la Velaria de la Expo Feria, estaba programado a las 10 de la mañana, pero comenzó casi con dos horas de retraso ya que se tuvo que esperar a que el gober Jorge Herrera hiciera su aparición, quien todavía se entretuvo saludando a quien se topaba en su camino. Como era de esperarse, la demora provocó molestia entre los asistentes quienes no tuvieron empacho en hacerlo notar. Cuando por fin llegó el mandamás estatal a su lugar asignado, don Pepe se arrancó con su discurso, adornado con alegres cifras y bellos datos que poco sirvieron para captar la atención de los asistentes. Varias fotos que circulan por el ciberespacio dan cuenta de lo “interesados” que estaban los funcionarios invitados de la primera fila: unos se observan platicando, otros viendo su celular y varios más en franco “pajareo”. Pero es no fue lo más embarazoso. Apenas terminó de hablar el alcalde, varios asistentes se levantaron de sus asientos y no se esperaron a escuchar las palabras del señor gobernador. Dicen que el primero en irse fue el exalcalde Octaviano Rendón, fiel alfil de la senadora y suspirante Leticia Herrera que, dicho sea de paso, fue la gran ausente. Algunos mal pensados atribuyen la salida anticipada de invitados al malestar por la tardanza en el arranque, pero otros más atrevidos comentan que fue una especie de protesta silenciosa por lo que consideran una imposición de don Jorge, al querer lanzar a como dé lugar al alcalde de la capital de los alacranes, Esteban Villegas, en pos de la gubernatura. Vaya usted a saber.
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En donde parece que va a haber bronca -o tal vez “Bronca”- es en Durango. El domingo pasado la senadora Leticia Herrera llevó a cabo una especie de “encuentro ciudadano” que más bien fue el arranque de su campaña extraoficial por la gubernatura del Chiapas del Norte. Dicen que al ver que Esteban Villegas no ha cesado de realizar actos proselitistas en todo el estado, la también exalcaldesa de Gómez Palacio no quiso quedarse atrás y organizó una demostración de músculo político en conocido hotel de la antigua Santa Rosa que convocó a unos 2,500 herreristas. Entre los asistentes nuestros subagentes pudieron observar a funcionarios, exfuncionarios y empresarios de ambos lados del Nazas: Víctor Dabdoub, Gabriel Cornú, Víctor Chaúl, Jorge González, Jorge Villarreal, Norberto Galindo y varios más. Doña Lety le subió al tono a su discurso y lanzó frases atronadoras como “no había podido venir a entregarles mi sueldo de senadora porque me tenían vetada en mi propio estado”, y aunque no dijo quién, todos se lo imaginaron. Sobre los rumores de que es posible que el gobierno de Herrera Caldera le llegue al precio, aseveró -palabras más palabras menos- que “dicen que me quieren comprar, pero eso nunca va a suceder”. Un detalle que algo dice de lo lejos que ha estado de la realidad duranguense -por el veto, seguramente- es que la senadora preguntó: “¿verdad que las tarifas eléctricas ya bajaron?”. A lo que el respetable respondió al unísono: “¡No!”. Ups. El asunto es que doña Lety dijo que ahora estará más cerca que nunca de La Laguna y de Durango, claro, pidiendo el apoyo -y el voto- de los ciudadanos. Tal parece que no dará marcha atrás y que esto se va a poner de a peso.
