En su segundo informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que una vez concretadas las llamadas reformas estructurales, el reto se centraba en su adecuada implementación, en lo cual hasta el momento ha fallado rotundamente y los cambios en el gabinete que anunció el pasado jueves 27 de agosto no están orientados a ello, sino a ensanchar sus opciones para designar a su sucesor.
Apenas terminaba de aparecer en los spots de televisión promocionando las 11 reformas estratégicas (la energética, de telecomunicaciones, de competencia económica, financiera, hacendaria, laboral, educativa, de procedimientos penales, de transparencia, la nueva ley de amparo y la político-electoral) cuando le estalló el escándalo de la matanza de Tlatlaya, Estado de México, el 19 de septiembre.
La matanza el 30 de junio de 2014, sin embargo, a pesar de que la agencia norteamericana de noticias Associated Press, difundió desde el 8 de julio información que ponía en duda la versión oficial sobre la muerte de 22 personas en el citado municipio, fue hasta el 19 de septiembre cuando a raíz de las publicaciones conjuntas del portal de la versión mexicana de la revista Esquire y de Proceso, la autoridad ya no tuvo otra alternativa que aceptar abrir una investigación de la que hoy se arriba a la certeza de que fueron acribillados por militares.
Todavía no resolvían el primer escándalo, cuando se conocen los acontecimientos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, que culmina en la desaparición (la versión oficial es el asesinato de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, del cual cada día se conocen más evidencias que echan por tierra la explicación que pretendió construir la Procuraduría General de la República, la última fue apenas la semana pasada la revelación en el portal de noticias de Carmen Aristegui de que las presuntas investigaciones académicas en las que se intentó sustentar la versión de que los cremaron en el basurero en una pira con neumáticos de desecho, fue totalmente manipulada y que las temperaturas que dicen que se alcanzaron se lograrían únicamente en ambientes controlados.
Como si todo eso fuera poco, el 9 de noviembre Proceso y Carmen Aristegui, denunciaron la compra de la llamada "Casa Blanca de Las Lomas" por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, que dio pie a que se conocieran la compra de otra casa por parte del presidente Enrique Peña Nieto, en Ixtapan de la Sal, Estado de México; y de Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México.
La semana pasada, el secretario de la función pública, Virgilio Andrade, pretendió cerrar el asunto alegando que conforme a la ley no existía el conflicto de interés, pero los cuestionamientos a una pésima investigación y dictamen no se hicieron esperar y, el más reciente, fue la revelación de Bloomberg de que el cheque con el saldo su deuda Videgaray está fechado el 31 de enero del 2013 y se cobró hasta el 28 de noviembre de ese año, con lo cual se cae el argumento de que toda la operación se realizó antes de que ocupase su actual puesto, pues en dicho período existen varios contratos con constructoras de Higa con bancos de desarrollo, cuyos Consejos de administración preside Videgaray.
El 22 de mayo de este año sucedieron los acontecimientos en Ecuandureo, Michoacán en el que elementos de las fuerzas públicas mexicanas abatieron a 34 jóvenes; nuevamente la versión oficial es que fue durante un enfrentamiento, pero las evidencias cada día la debilitan más y todo indica que nuevamente se recurrió a las ejecuciones extrajudiciales, es decir, los abatieron cuando se encontraban inermes.
Finalmente la noche del 14 de julio de este año se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano, Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que convirtió uno de los principales logros del presente gobierno, en su peor fracaso.
Desde el 31 de octubre del año pasado, durante la sesión de la Junta de Gobierno del Banco de México, varios de sus integrantes alertaron que la inseguridad imperante en el país y la caída en los precios del petróleo, entre otros elementos, ponían en riesgo los pronósticos de crecimiento para el 2015. Finalmente, el pasado 20 de agosto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, redujo su estimación de crecimiento del PIB para el presente a un punto entre el 2.0 y el 2.7%, lo cual -en su punto más bajo- es casi la mitad del 3.9 que había estimado inicialmente.
Seguramente el presidente Enrique Peña Nieto no dirá de esto en su mensaje el próximo martes 1 de septiembre, pero son los acontecimientos que dominaron a la opinión pública en el tercer año de su mandato. La síntesis es realmente aterradora: matanzas, escándalos de corrupción y el incumplimiento de las expectativas generadas.
La ausencia absoluta de autocrítica impide que se pueda corregir el rumbo, pues aunque cambió a 10 funcionarios públicos de primer nivel únicamente uno de ellos está vinculado con las áreas involucradas con la seguridad y la economía, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; los otros 9 movimientos tiene el objetivo de posicionar en puestos de mayor visibilidad a potenciales aspirantes a la Presidencia en el 2018 (José Antonio Meade, Sedesol; Aurelio Nuño, SEP; José Calzada, Sagarpa; y Claudia Ruiz Massieu, SER) para no cerrar sus opciones únicamente a Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, como estaba antes del jueves.
Aunque seguramente la parafernalia oficial encontrará motivos para presumir en este año, la realidad es que es un año para el olvido.
