La prensa internacional ha sido devastadora: México, no el PRI, no el PAN, no el PRD, el país entero, atraviesa un gravísimo torbellino que exhibe la debilidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia. La alternancia también falló en esto. La violación sistemática de los derechos humanos, la corrupción de las policías, la penetración del narcotráfico, las desapariciones y muertos que se cuentan por decenas de miles, abren un expediente de vergüenza y horror. Todos esperan -esperamos- una reacción gubernamental a la altura del inacabable desfile de monstruosidades. Esta es la crisis de estado más grave de muchas décadas.
Todo indica que el presidente tenía pensada una ruta de viaje para su gobierno que se cumplió asombrosamente bien en su primer tramo. Allí están las múltiples reformas de fondo que él mismo declaró terminadas para pasar a la implementación. Pero la chapucera de Clío, la diosa de la historia, le impone un giro a su mandato. Peña Nieto deberá ser el gran reformador de las instituciones de seguridad y justicia. Sólo así todas las otras reformas tendrán cosecha a plenitud. De no dar ese viraje, el lodo, la sombra sobre la solidez de los cimientos del estado mexicano lo perseguirá a lo largo de su mandato. Peor aún, será un grillete que detendrá la marcha de México. ¿Qué hacer?
Primero.- Convocar a la República. Sólo el Jefe de Estado lo puede hacer. El problema es de todos y está en todos los órdenes de gobierno.
Segundo.- Encarar la putrefacción. Un país con más del 90 % de impunidad no puede pretender ser desarrollado o con un destino confiable para personas e inversiones. El sistema de persecución de los ilícitos es, ése sí, fallido. La venerada figura de los procuradores es el eje de la degradación. Necesitamos fiscales independientes en todas las entidades y eso supone modificar la Constitución para crear el mandato. Sólo así, se evitará la connivencia y corrupción que ha vuelto sistémica lo omisión en las investigaciones.
Tercero.- Regresar al municipio. La creación de fondos y fuerzas especiales como en Nuevo León y, ahora Veracruz es una salida de corto plazo, pero no son la solución al desastre y desorganización de las policías municipales y estatales. La creación de un mando único puede ser una salida adecuada, pero parcial. Aún así, la dispersión poblacional y la lejanía de algunos municipios obligan a revisar la estructura de seguridad del primer orden de gobierno, ya sea para Valle de Bravo, Cuernavaca, Apatzingán o Iguala.
Cuarto.- Los dineros. México recauda poco y la recaudación está centralizada en la Federación. Ya lo hemos dicho, ni las entidades, salvo la Ciudad de México, ni los municipios, recaudan como deberían. Esa es la fuente natural de ingresos para la seguridad. En los países más seguros del continente, como Estados Unidos y Canadá, la mayor porción del gasto en seguridad se realiza en el primer orden de gobierno y se gasta mucho menos en policías federales. En México es exactamente a la inversa: mucho gasto federal y bajísimo en los municipios. La correlación es directa: entre menor es el gasto en el primer orden de gobierno, mayor es la inseguridad.
Quinto.- Judiciales estatales. Lentamente, el Poder Judicial Federal pero, sobre todo, la Suprema Corte se han ido acreditando frente a la sociedad; allí están las cifras. No es así con los estatales. La solución, en buena medida, radica en la profesionalización de la carrera judicial. Eso supone meritocracia, protección y buenos sueldos y prestaciones. Pero cuando se revisan los salarios de los judiciales locales, en manos de los gobiernos locales, aparece un carnaval de caprichos. Homologar condiciones, quizá fijando un porcentaje mínimo del gasto estatal en seguridad y justicia, sería el primer paso. Ese problema está en la raíz del desastre. A diferencia de lo que ocurre en educación, aquí el problema sí es de dineros y de diseño institucional. Ni la seguridad ni la justicia pueden quedar a la discrecionalidad de los legislativos estatales y menos de los ejecutivos. En eso, la República está mal construida desde la base.
Sexto.- Oportunidades. La reciente reforma en derechos humanos obliga a un esfuerzo extraordinario en capacitación del Judicial federal y de los estatales. Lo mismo ocurre con la reforma al sistema penal acusatorio que exige una capacitación muy particular de jueces y ministerios públicos. Las dos reformas son grandes oportunidades para dar un salto en materia de investigación y justicia, pero los investigadores deberán sustentar mejor sus consignaciones.
Séptima.- Derechos humanos. La estructura institucional de la CNDH y de las comisiones estatales naufraga. Paradójicamente, con los años han ido perdiendo fuerza. Allí está el caso de la crisis en la CNDH. Ni hablar de algunos casos locales de vergüenza.
Si Peña Nieto convoca a la República a una revisión de fondo del sistema de seguridad y justicia, estará reparando uno de los pilares de cualquier democracia que se respete.
P.D. En la lista de aspirantes a presidir la CNDH hay ausencias notables. Quizá la más significativa sea la del Dr. Luis de la Barreda. ¿Por qué será?
