Ante el mega recorte de mil 71 millones de pesos en el presupuesto 2020 del Instituto Nacional Electoral (INE), las enmiendas buscan reducirle la carga financiera. (EL UNIVERSAL)
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, propuso reformas legales para que sean los ciudadanos los que paguen la reposición por extravío o maltrato de la credencial de elector, y queden exentos sólo en caso de que la mica haya sido robada o sustraída.
Ante el mega recorte de mil 71 millones de pesos en el presupuesto 2020 del Instituto Nacional Electoral (INE), las enmiendas buscan reducirle la carga financiera, explicó la legisladora.
Recordó que cada plástico de la credencial de elector tiene un costo de 60 centavos de dólar, es decir, unos 12 pesos, según la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) del INE.
Pero el gasto operativo aumenta si se suma el costo por el trámite, generación, envío y entrega de credencial y llega a cerca de 270 pesos por unidad, mismos que serían sufragados por los ciudadanos que la maltraten o extravíen, según la iniciativa de reforma al artículo 175-A de la Ley Federal de Derechos.
Sauri Riancho propuso otras reformas, para incentivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, con descuentos en el pago de impuestos, derechos o reducción de obligaciones.
Según las enmiendas planteadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y a Ley Federal de Derechos podría darse a quien vote un descuento de 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación.
O bien, podría darse un descuento de hasta el 2% al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de acuerdo a las condiciones y modalidades que la Ley en la materia y no pagar por reposición de la credencial de elector.
La legisladora explicó que se trata de premiar a quien vote y no criminalizar y castigar al ciudadano por no votar pues eso crea democracias artificiales y "es un contrasentido, mejor hay que dar incentivos".
Así, un votante podría tener preferencia en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de educación superior; tener una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar Nacional o ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos.
