Desde el jueves 11, cuando un tribunal federal asestó a los mineros de Cananea el último golpe del poder público en su lucha contra Grupo México, esa población y no sólo los miembros del sindicato afectado están en vilo, en temerosa espera de que la Policía Federal y aun el Ejército desalojen a los trabajadores que han estado en huelga desde el 31 de julio de 2007.
Ya ha ocurrido en este caso y al menos en otro que se volvió paradigmático, el de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en el puerto michoacano que también lleva el nombre del ex presidente de la república, en que se pretendió tomar por la fuerza las instalaciones de una empresa fabril por medio de la Policía. En el caso de Michoacán, donde cayeron dos mineros, junto a la federal actuó también la estatal. No ocurrirá lo mismo en Sonora si se cumple el anuncio del gobernador panista Guillermo Padrés, quien dijo que no enviará al personal de seguridad pública a Cananea. La federal ya se presentó una vez en la población sonorense y creó un estado de zozobra que, en mayor medida aún está siendo vivido por los huelguistas derrotados por el poderío económico y jurídico de Minera de Cananea, la empresa subsidiaria del Grupo México que controla la mina desde su privatización hace veinte años.
Quizá por haberlo inducido, dicho grupo conocía de antemano el fallo del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo adoptado por unanimidad de sus tres miembros el jueves pasado. Con anterioridad había contratado en Nacozari, enclave minero situado también en el norte sonorense para trabajar en Cananea, personal que lo mismo puede en efecto servir para reiniciar las labores interrumpidas durante treinta y un meses que para recuperar las instalaciones junto a la fuerza pública. Otros signos de esa información privilegiada que poseía la empresa acerca del fallo del tribunal consistieron en, por una parte, solicitar dos días antes de la decisión judicial, a la Secretaría de la Defensa Nacional el retiro de 587 mil kilos de nitrato de amonio, acción que sólo el Ejército puede realizar por la competencia de la Sedena sobre explosivos, para evitar su posible uso agresivo por los mineros, suposición dolosa que más bien esconde la intención de provocar una intervención castrense.
Por otra parte, Grupo México organizó el propio martes una conferencia telefónica con analistas del ramo con su director de finanzas, Daniel Muñiz, quien anunció que "la decisión se da dará a conocer muy pronto y nos sentimos muy positivos en eso". Según un cable de la agencia Reuters, Muñiz dijo también que "la mina podría estar operando para el segundo trimestre de este año, con una inversión de 50 a 60 millones de dólares".
El segundo trimestre está a la vuelta de la esquina, y los meses de abril, mayo y junio podrían ser insuficientes para echar a andar una instalación que, según la Secretaría de Economía, en una prueba aducida por el empleador y aceptada por el tribunal colegiado, ha quedado destruida al grado de que los magistrados admitieron ese hecho como constitutivo de la fuerza mayor por la cual dispusieron la terminación de las relaciones de trabajo individuales y colectivas. Los trabajadores no fueron oídos en este punto, no obstante que se esforzaron por mostrar a periodistas (específicamente a Arturo Rodríguez García del semanario Proceso) el estado real de la mina. El dicho de Grupo México (las instalaciones "están inservibles o había sido objeto de rapiña"), avalado por Economía fue refutado por los trabajadores en un recorrido efectuado el 20 de enero. Sergio Tolano, secretario general de la Sección 65 del sindicato minero mostró "al reportero que las dos subestaciones eléctricas están en buen estado y funcionando, pero según la empresa son inservibles. Para demostrarlo, los huelguistas encienden los camiones y las grúas. Ahí, en los cuartos de herramientas se observan, apiladas, varas de soldadura, linternas, herramientas, guantes, botas y otros materiales de trabajo" (Proceso, 7 de febrero).
Al día siguiente de su sentencia, la empresa publicó un mensaje a la opinión pública y a los trabajadores: "El Poder Judicial federal resolvió finalmente el conflicto en la mina de Cananea. Las relaciones laborales y colectivas (sic) entre la Sección 65 y Mexicana de Cananea ya terminaron.
"Compañero trabajador, ya no retrases más una situación a la que el Poder Judicial de la Federación ya le dio una solución definitiva. Acude lo antes posible a la Junta de Conciliación y Arbitraje en Hermosillo para recoger tu liquidación.
"Es tiempo de abrir la mina y ampliar las oportunidades de empleo para Cananea".
Los mineros se han negado a darse por derrotados, y quizá sólo un puñado aceptarán la liquidación, lo que contradice el argumento de que han sido manipulados por Napoleón Gómez Urrutia, el ausente-presente líder del sindicato. Es difícil que mil cien trabajadores hayan sido engañados durante 31 meses por un dirigente hostigado por el empleador y por el Gobierno. Si se han mantenido firmes en su posición es porque padecen la falta de condiciones de seguridad que alegaron en su emplazamiento a huelga, considerada legal por cuatro sentencias de la justicia federal frente a otros tantos laudos en sentido contrario, de la muy parcial Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El sindicato ha presentado ya un recurso ante la Comisión interamericana de derechos humanos. Demanda medidas cautelares que impidan la ocupación por la fuerza de la mina.
