Frenan acciones contra exfuncionarios de Miguel Ángel Mancera

Nacional AGENCIAS

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigó a Hiram Almeida Estrada, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) en la gestión de Miguel Ángel Mancera, por el delito de peculado -disponer o distraer de su objetivo dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, a petición de la Contraloría de la Ciudad de México, luego de que argumentaron que personal que laboró en el Gobierno de la Ciudad de México se enriqueció de manera inexplicable; sin embargo, las indagatorias se detuvieron.

La investigación contra Almeida Estrada quedó asentada con el folio CI-FSP/B/UI-B-2C/ D/18689/11-2019, donde la Contraloría de la Ciudad de México también imputó estos delitos a los exsecretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda de la pasada administración, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez -actualmente prófugo de la justicia-, Julio César Serna Chávez y Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, pero en 2020 se ordenó que únicamente la indagatoria se continuara contra Serna Chávez y Palomares Sáenz.

Sin embargo, el extitular de la Seduvi tiene abiertas ocho pesquisas, una de ellas por el delito de desvío de recursos por el cual se giró la orden de aprehensión en su contra. "En consecuencia, la presente carpeta de investigación se continuará única y exclusivamente por el imputado Julio César Serna Chávez", se puede leer en la foja 15 del expediente.

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"Con los originales de la presente carpeta de investigación, continúense recabando datos de prueba y realizando los actos de investigación correspondientes por el delito de peculado en contra del imputado Julio César Serna Chávez", ordenaron las autoridades sin mencionar por qué se suspendió la indagatoria contra Almeida Estrada.

En la foja 17 se refiere que la indagatoria también continúa contra Palomares Sáenz, quien ocupó varios cargos en la pasada administración, como encargado de despacho en la coordinación general de la Central de Abasto, luego de que saliera Julio César Serna. A la investigación se agregaron los vehículos a nombre de cada uno de los imputados, así como inmuebles y cuentas, para determinar si con el pago de sus salarios como funcionarios podían acceder a ellos.

De acuerdo con la carpeta, el 8 de noviembre de 2019, el apoderado legal de la Contraloría, Jorge Gabriel Morfín Salcedo, presentó la denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, luego de que el jefe de unidad departamental del órgano interno de la Secretaría de la Contraloría, Luis Antonio Contreras Ruiz, le reportara haber recibido -vía telefónica- una denuncia anónima en donde se solicitaba la investigación contra estos exfuncionarios por la evolución patrimonial que no correspondía con sus ingresos.

La contraloría se comprometió a entregar todas las pruebas necesarias contra los imputados, por lo que el 5 de mayo de 2020 se comprobó que las presuntas conductas delictivas no se realizaron en una coparticipación entre los investigados, por lo que la fiscalía pidió un desglose por separado de cada uno. Al menos 23 exfuncionarios de la pasada administración tienen procesos abiertos en su contra. Algunos han sido detenidos, pero otros se encuentran prófugos de la justicia, de acuerdo con la fiscalía capitalina.

FRENAN CAPTURA

La jueza Cuarta del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México otorgó al excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación, Édgar Tungüí Rodríguez, una suspensión provisional para frenar la detención por parte de las autoridades mexicanas. El exfuncionario se encuentra detenido en Madrid, España, y aceptó ser extraditado.

La resolución otorgada es válida únicamente si los delitos que le imputa la fiscalía capitalina no ameritan la prisión preventiva de manera oficiosa, pues en todo caso, las autoridades estarán facultadas para cumplir con los mandamientos pendientes. Tungüí Rodríguez fue detenido el pasado 2 de abril en España, pero el gobierno mexicano no ha solicitado todavía la ejecución de ninguna orden de captura provisional con fines de extradición, y actualmente está sujeto a proceso de repatriación.

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Esto, a pesar de que sí existe una ficha roja de Interpol por la que el exfuncionario de la administración de Miguel Ángel Mancera fue buscado en 192 países. El gobierno de España permanece a la espera de que México presente la solicitud de detención provisional con fines de extradición para iniciar con el trámite judicial y así determinar si su entrega es legal.

En México, la FGJ obtuvo tres órdenes de aprehensión contra el exfuncionario por uso ilegal de atribuciones y facultades. La medida fue otorgada por la jueza María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, el cual fue publicado en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

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Los exfuncionarios de la administración Mancera (foto) son señalados por enriquecimiento ilícito.

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