Con un año de retraso, Senado aprueba regulación de prisión preventiva

Nacional EL UNIVERSAL

El pleno del Senado aprobó el paquete de reformas que plasman en leyes secundarias el listado de delitos que se castigan con prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la reforma al artículo 19 constitucional de abril de 2019.


La falta de disposiciones reglamentarias, desde julio de 2019, motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una resolución para que el Congreso de la Unión cumpla con esta responsabilidad en materia penal.

Las reformas incluyen en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales los tipos de ocho delitos que fueron incluidos en la Constitución, y modifican diversas leyes.

A las 4:15 horas de este jueves, el pleno del Senado aprobó la reglamentación por 56 votos a favor (Morena, PES, PRD y parte del PT); 25 en contra (PAN, PRI, MC) y siete abstenciones entre las que se contaron integrantes de Morena.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados que deberá incluir este asunto en su agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones de septiembre a diciembre.

En la reforma constitucional al artículo 19 de abril de 2019, se incluyeron como delitos graves, el abuso o violencia sexual contra menores; el robo a casas habitación; el uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción; el robo al transporte de carga.

Los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos con armas y explosivos de uso de las fuerzas armadas.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), al exponer las reformas señaló que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se adicionan los artículos 7 Bis y 11 Bis, "a efecto de tipificar los delitos que tengan por objeto presionar al electorado para votar por un candidato o para participar en eventos proselitistas, así como a quien durante el proceso electoral haga uso de recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a un candidato a ocupar un cargo de representación popular".

El senador Miguel Ángel Mancera (PRD) dijo que de 10 detenciones que pueden ser de prisión preventiva oficiosa, siete resultan improcedentes por la imprecisión en la ley, lo cual se busca corregir con esta reforma.

"Tenemos que cumplir con esta tarea necesariamente, para que se vuelva aplicable la reforma al artículo 19 constitucional", dijo a pleno.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) afirmó que "no hemos entendido que falta poner atención en el fortalecimiento de las policías de investigación y los primeros respondientes; que falta capacitación para los ministerios públicos, y la necesidad de que se les asignen sólo la cantidad de asuntos reales que pueden desahogar; no hemos entendido que nos enfrentamos a un problema de impunidad y no a un problema de penas. Y no entender, no reconocer, significa seguir haciendo peor las cosas".

Hizo hincapié en que "la prisión preventiva oficiosa condena a los pobres".

Pidió a sus colegas: "No traicionemos la visión que nos llevó a transformar nuestro sistema de justicia, por la simple necesidad de simular resultados".

En ese sentido, sostuvo que "esta reforma abona a que el sistema judicial acusatorio y adversarial se aparte de su espíritu original y se cometan más violaciones a los derechos humanos de los procesados".

Cristóbal Arias Solís (Morena) comentó que "estos cambios legales que de manera extraordinaria vamos a votar son parte fundamental de este proceso de cambio y de transformación republicana".

Corresponde al "ansia de procuración y de una auténtica impartición de justicia que acabe con la corrupción y con la impunidad que fue heredada a la nueva administración y a la sociedad general en su conjunto".

Claudia Ruiz Massieu (PRI) apuntó que las modificaciones al ampliar el catálogo de delitos graves son regresivas de los compromisos con la comunidad internacional. Contradice la progresiva expansión del reconocimiento de los derechos humanos.

Incluso, "se vulnera aún más la presunción de inocencia pues, aunque no es ese el propósito, comparecer en juicio estando privado de la libertad sí establece prejuicios en contra del imputado".

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo a la mayoría que "no les acabo de creer que realmente lo que buscan con la prisión preventiva oficiosa es acabar con la delincuencia".

Antes bien, agregó: "Yo quiero anticipar que aquí más de un candidato va a acabar preso antes de ser candidato, porque le van a inventar algún delito".

Continuó: "Van a ver, cuando no lo puedan bajar por la buena, lo van a bajar por la mala".

A su vez, la senadora Verónica Dellgadillo (MC) dijo: "Para lo único que sirve la prisión preventiva de oficio es para condenar la pobreza, porque en un país donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza, nuestras cárceles están llenas de personas pobres, de personas que no tenían un recurso para pagar una fianza, por ejemplo, o para pagar un juicio de amparo".

El hecho es que "la prisión preventiva oficiosa no funciona y lo pueden revisar donde quieran, con los datos y los estudios que gusten, con las instituciones que mejore les parezca. No funciona".

La falta de disposiciones reglamentarias, desde julio de 2019, motivó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una resolución para que el Congreso de la Unión cumpla con esta responsabilidad en materia penal. (ESPECIAL)

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