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Condenan en EU al enlace de Yarrington

Juez en Texas sentencia a Antonio Peña, vinculado al exgobernador de Tamaulipas

Exgobernador. En la imagen el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Exgobernador. En la imagen el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

AGENCIAS

Un mexicano vinculado con "lavado de dinero" del narcotráfico ha sido condenado a dos años y medio de prisión en Estados Unidos y a pagar 5.5 millones de dólares en efectivo y propiedades.

Un juez federal en San Antonio sentenció el lunes por la tarde a Antonio Peña Argüelles, de 58 años, quien se declaró culpable de asociación ilícita para "lavar dinero".

Peña Argüelles, presuntamente, fue enlace entre los líderes del cártel del Golfo-Zetas y políticos de Tamaulipas, como el exgobernador Tomás Yarrington.

Ya había sido detenido e investigado en México en 2008, pero quedó libre y se convirtió en un testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmaron fuentes del Gobierno federal.

Un jurado de instrucción en 2012 acusó a Peña de invertir ganancias de los cárteles mexicanos del Golfo y "Los Zetas" en Estados Unidos.

También se lo acusó de servir de enlace entre los cárteles y de pagar sobornos a políticos mexicanos.

En la acusación se menciona que uno de los exfuncionarios que habría recibido este tipo de sobornos, habría sido el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien es buscado por la justicia estadounidense.

De acuerdo con la acusación, cuando fue detenido, el empresario se escondía de Los Zetas en una casa de San Antonio, Texas, luego que la banda criminal mató en noviembre de 2011 a su hermano Alfonso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y dejó su cuerpo en una plaza con un mensaje para él.

Peña fue condenado a 30 meses de prisión y está preso en una cárcel federal.

En el expediente 12-mj00120-NSN que se integró en contra de Peña Argüelles y se presentó el 6 de febrero de 2012 ante la corte para el Distrito Oeste de Texas, en el que se detallan las actividades criminales de este presunto operador del crimen organizado, se indica que la DEA documentó -por medio de las declaraciones de cuatro testigos protegidos- que estaba implicado, entre otros delitos, en operaciones de lavado de dinero desde el año 2000.

5.5 MILLONES

De dólares en efectivo y propiedades debe pagar.

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