Esta mañana la Suprema Corte de Justicia le pondrá punto final a una controversia que ha dividido a Sonora en los últimos dos años, cuya manzana de la discordia es la construcción de un acueducto que trasvasaría hacia Hermosillo 52 millones de metros cúbicos anuales de agua de la presa que alimenta el fértil Valle del Yaqui.
De la furia con que las partes han defendido sus posiciones habla la imposición de 12 amparos, la mayoría de los cuales fueron desacatados por el gobierno encabezado por Alfredo Padrés Elías; una guerra de desplegados; el encarcelamiento de opositores, y hasta amenazas contra una jueza, pasando por cinco meses de bloqueo de carreteras por parte de la tribu yaqui.
El caso es que de prevalecer el proyecto de sentencia que se perfila, cuya redacción la realizó el ministro Jorge Pardo Rebolledo, el ganador de la pelea será el gobierno de la entidad federativa.
El punto central del asunto sería la revocación de los amparos concedidos por la jueza federal con sede en Ciudad Obregón, María del Rosario Alcántar, en cuyo eje se anula la asignación de derechos para trasvasar el agua de la presa El Novillo, oficialmente bautizada como "Plutarco Elías Calles", al Ayuntamiento de Hermosillo.
La razón originada por la togada, a quien la judicatura federal le debió poner protección tras recibir una serie de amenazas, es que las aguas del río Yaqui que alimenta a la presa están protegidas por una veda de tiempo indefinido decretada por vía presidencial en 1931 y ratificada en 1955. En paralelo, la jueza resolvió que la Comisión Nacional del Agua no había respetado el derecho de audiencia de los afectados.
Y si le seguimos, se sostiene que la construcción del acueducto viola la Ley de Aguas Nacionales, en cuyo eje se plantea que sólo se puede trasvasar el agua hacia una misma cuenca.
Colocados en la mesa dos Controversias Constitucionales por parte de los ayuntamientos afectados, la Corte los analizó sin que se ordenara la suspensión del acto reclamado, lo que permitió que siguiera la construcción del acueducto hasta su terminación. De acuerdo al municipio de Cajeme, al efectuar el Gobierno Federal y el Estatal los recursos municipales que les corresponden, se atropellan sus facultades de promover el desarrollo económico, social, político y cultural en beneficio de la ciudadanía.
Sin embargo, la propia Corte había resuelto que la Procuraduría del Medio Ambiente debía reponer el procedimiento para la declaración de impacto ambiental al no haber consultado previamente a la tribu yaqui y al municipio de Cajeme, con la novedad de que sin el documento no operarían las bombas que realizarían el trasvase.
La lentitud de la dependencia provocó la presión de los indígenas, bloqueando por horas las carreteras de la zona. La historia del episodio habla de una tenaz protección del expresidente Felipe Calderón al gobernador de la entidad federativa, pese a que éste desoyó en su momento las alternativas planteadas para aliviar la escasez de Hermosillo.
Una de ellas, la más simple, consistía en reparar las fugas de la red de la ciudad que representan una pérdida de 40 por ciento de las existencias. Otra el tratar las aguas residuales al 100 por ciento, frente al 10 actual, para intercambiarlas con los agricultores de Hermosillo.
Más allá, existía la alternativa de desalar aguas de pozos y del propio mar.
Cualquiera de los caminos, más aun combinándolos, habría resultado más barato que los cientos de kilómetros que recorre el acueducto.
El caso es que en la obstinación de Alfredo Padrés Elías de realizar la obra, se llegó a todos los abusos Desde el encarcelamiento de opositores hasta el lanzamiento de una guerra de desplegados para demeritarlos, para no hablar de la intimidación de jueces y magistrados que concedían amparos para evitar el acueducto.
Estos fueron desacatados. Así el obtenido para frenar la licitación; así los obtenidos para frenar la construcción; así los obtenidos para impedir el trasvase…
Documentados los desacatos, el único procesado hasta hoy es el coordinador general del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, Enrique Martínez Preciado.
En el camino los habitantes de Cajeme realizaron marchas que llegaron a integrar a 40 mil inconformes, pese a la prohibición del gobierno estatal a las asociaciones de transportistas de utilizar sus unidades para la movilización. Kramer contra Kramer en Sonora.
El punto final en la Corte.
BALANCE GENERAL
Si al cuarto para la 12 de la celebración de una asamblea de socios de la serie B del Grupo Aeroportuario del Pacífico los tenedores de las acciones de control lograron obtener una medida cautelar para impedirla, al cinco para las 12 la contraparte logró revocar ésta. Tramitada ésta el 29 de noviembre pasado, ese mismo día el Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco había decretado la medida cautelar… que se revocaría el lunes pasado.
La posibilidad del recurso se logró con la presentación de una caución por un millón de pesos, vía un billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), en calidad de contragarantía.
Librado el obstáculo, la asamblea votó por mayoría (64 por ciento de los asistentes), no reconocer el Contrato de Administración y Transferencia de Tecnología que se había pactado hace 15 años y que se planteaba prorrogar otros 15.
El documento, 120 millones de pesos anuales en sus entrañas, beneficiaba a la firma Aeropuertos Mexicanos del Pacífico.
En el acto se reprobó a la administración del actual presidente del consorcio de 12 aeropuertos, Eduardo Sánchez Navarro.
Al evento acudió más del 75 por ciento de los tenedores de la serie B, en la que está el 85 por ciento del capital de GAP, representada la mayoría por casas de bolsa como Banamex-Accival, Inbursa, Creditt Suisse, Actinver y Grupo Bursátil Mexicano.
La única que no pudo entrar, por no recoger a tiempo su pase, fue IXE.
Como observadores acudieron el notario público Miguel Alessio Robles y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representada por Rafael Colado, además de la Bolsa Mexicana de Valores, vía José Antonio Cerda y Alejandro Martínez.
SEGURO INSEGURO
En la prisa de priístas y panistas para darle cuerda a la reforma energética, se les ha olvidado un pendiente de la Cámara de Diputados en relación a la vigencia en el próximo año de la reforma fiscal.
Estamos hablando de la forma en que se financiará el Seguro de Desempleo, rechazada la propuesta de Hacienda de que los recursos se extrajeran de la subcuenta de vivienda de los trabajadores del Infonavit.
La posibilidad la quebraron los perredistas ante el absurdo de plantear una reforma hacendaria con contenido social, y colocar uno de sus ejes en el ámbito de los ahorros de los trabajadores.
Se había hablado en un fondo especial.
LISTO ALSEA Y VIPS
En los próximos días la Comisión Federal de Competencia desahogará la solicitud planteada por la principal cadena de franquicias del país, Alsea, para fusionar a su causa a la cadena de restaurantes Vip's.
Se calcula que no habrá objeción alguna por tratarse de un negocio distinto a los que ha manejado tradicionalmente la firma de la familia Albarrán, es decir, venta de pizzas, café y pastelillos y hamburguesas.
La empresa, de hecho, ya rediseñó los locales en la mira de su arranque bajo la nueva administración, haciendo énfasis en el público de segmentos mediano y bajo. La cadena perteneció por años a Walmart.
La nómina de Alsea pasará de 20 a 81 mil empleados.
