Estado fallido

¿Cuántas víctimas tienen que haber, para saber que son demasiadas muertes?

Bob Dylan

Hemos escuchado con frecuencia (ante la situación de inseguridad que vivimos) la aseveración de que México es un ‘Estado fallido’. Con la proclividad que tenemos a apropiarnos de expresiones y aplicarlas indiscriminadamente a manera de explicación de ciertos fenómenos o circunstancias, vale la pena asomarnos a los orígenes de tal término y así determinar su pertinencia.

Bajo el título Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia (Ediciones B, 2006), el activista, pensador, lingüista y académico norteamericano Noam Chomsky analiza la creciente amenaza para la paz mundial y la supervivencia del mundo, por las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos erigido en policía del orbe.

Ahí establece tres características de un Estado fallido. Primero, la falta de capacidad o de voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y la destrucción. En segundo término, la tendencia a considerarse más allá del alcance del derecho nacional e internacional, por tanto libre de perpetrar agresiones y violencia. Finalmente, padecer de un grave “déficit democrático” que priva a sus instituciones formales de auténtica sustancia. Es fácil identificar a nuestro país por lo menos con una de ellas.

Considerando que una de las funciones primordiales del Estado es la preservación del orden y la garantía de seguridad para los habitantes de una nación, existen sobradas razones para declarar que el Estado mexicano acusa severas y profundas fallas.

Chomsky afirma: Una de las tareas más arduas que puede acometer alguien, y de las más importantes, es mirarse al espejo con honestidad. El espejo de la realidad nacional refleja en términos de la seguridad a un país sumido en una profunda crisis. Aceptar la imagen del espejo es sólo el principio indispensable en el proceso de reconstrucción de un Estado quebrado por la violencia y por la muerte.

A la angustia de la vida diaria, el ciudadano común ha tenido que sumar la reticencia de las autoridades locales para reconocer la severidad del problema. La necia realidad se ha encargado de demostrarnos la cruda verdad. Los reclamos de una ciudadanía agraviada por los altísimos índices de impunidad y por el ineficiente desempeño de las corporaciones policiacas no hacen sino abonar en la angustia.

Es imposible pensar en la solución del problema sin la participación decidida y eficaz del Estado, poseedor único de las atribuciones legales para el uso de la fuerza y de los instrumentos que para tal efecto le han sido conferidos.

La pérdida del control territorial por el Estado mexicano se remonta por lo menos a la década de los setenta, con la presencia de grupos armados permanentes en las áreas rurales de Guerrero. Las regiones ocupadas han aumentado alarmantemente. El surgimiento de zonas de excepción en Chiapas en los inicios de este milenio, la formación de los grupos de autodefensa en el sur del país en fechas recientes, al lado de los municipios con renuncias masivas de las policías locales, son la prueba irrefutable de la pérdida del monopolio en el uso de la fuerza que al Estado le pertenecen en exclusiva.

Como alternativa a la estrategia del uso del ejército para el combate a la delincuencia, Ciudad Juárez (una de la ciudades más golpeadas por el crimen) se ha dado a la tarea de recuperar su tranquilidad con el uso de la policía municipal. Los números hablan por sí mismos. De ser la ciudad más violenta del país, disfruta ahora de una tranquilidad impensable hace unos años.

La participación ciudadana y la determinación de las autoridades locales con planes, recursos y acciones, están dando una demostración esperanzadora de que el control y la paz pueden recuperarse también, de abajo hacia arriba. Es necesario tomar nota de este particular caso como una alternativa viable para nuestra región y el país entero.

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