El interés de los diputados del Partido Acción Nacional sobre lo que sucede al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estriba en la contradicción que se registra en el organismo, donde la titular Norma Pulido Corral aplica una política de represión en contra de los trabajadores que no comulgan con su forma de actuar, lo que es una clara violación a los derechos laborales.
“Una vez más se encuentra en el centro del debate el actuar represivo y violatorio de los derechos humanos, de quien en vez de defenderlos los reprime, como es el caso de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango, y la más reciente de sus ‘hazañas’ es la suspensión de sus labores a tres trabajadoras del organismo”, expresó la diputada del PAN, Laura Elena Estrada Rodríguez.
Virginia Vela Rodríguez, secretaria de la Secretaría Administrativa; María de Lourdes Delgado Villarreal, archivista, y María de los Ángeles Ortiz Andrade, secretaria de la Secretaría Ejecutiva, con fecha 24 de octubre fueron suspendidas temporalmente de sus labores mediante un acuerdo firmado por Norma Pulido Corral, en lo que la diputada panista calificó como “un simulacro de procedimiento administrativo, cuya iniciación les fue notificada el día 23 de octubre”.
Por lo que consideró arbitrario e ilegal el acuerdo, basado en los siguientes antecedentes y señalamientos:
Virginia Vela Rodríguez, después de un período de hostigamiento laboral que inició en marzo del 2001, y se intensificó a partir del 23 de julio del 2002, fecha en que la Secretaria Administrativa y la Presidenta de la CEDH, “le imputaron temeraria e infundadamente la sustracción de documentos y al negar rotundamente la imputación que se le hacía, por falsa y carente de veracidad, la amenazaron con levantar un acta administrativa y proceder penalmente”.
El hostigamiento fue en aumento a partir del 12 de agosto del año en curso, lo que motivó que a partir del 14 del mismo mes y año presentara una queja ante la Presidenta de la CEDH, en contra de la titular de la Secretaría Administrativa, Armida Mier Mier, y además solicitar el pago de unas prestaciones que se le adeudaban en su carácter de trabajadora, escrito de queja que nunca se le respondió. Y, en contraparte, se le incrementaron las llamadas de atención e incluso por escrito y con cualquier pretexto.
El 13 de septiembre de 2002, ratificó ante Norma Pulido sus peticiones y solicitó respuesta, con iguales resultados negativos; el 27 del mismo mes, presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, una demanda laboral en contra de la comisión, y con la demanda de pago respectivo de diversas prestaciones.
El 14 de octubre se celebró en el Tribunal de Conciliación una junta en el expediente laboral que se originó con la demanda de la referida trabajadora, y en la que se presentó Alfonso Montaño Meneses, como representante de la demanda para anunciar que de momento no era posible una conciliación.
El 27 de septiembre, la Secretaria Administrativa denunció ante la Presidenta de la CEDH hechos supuestamente ocurridos el 23 de julio pasado, dos meses después de lo sucedido, con imputaciones en contra de las tres trabajadoras.
El 16 de octubre la Presidenta de la CEDH nombró a Alfonso Montaño Meneses contralor interno de la comisión. El 18 de octubre Norma Pulido dictó acuerdo con fundamento en disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y ordenó a la Contraloría aplicar el procedimiento previsto.
El 22 de octubre el Contralor ordena la iniciación del procedimiento administrativo; el 23 notifica él mismo a las tres trabajadoras, ese mismo día Virginia ratifica y amplía la demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y el 24 la Presidenta de la CEDH dicta el acuerdo de suspensión temporal de actividades de las afectadas, con el argumento de “gravedad de los hechos imputados”.
La diputada Estrada hizo notar que al dictar el acuerdo de suspensión laboral de las trabajadoras, la denunciante se tardó en hacer del conocimiento de la Presidenta más de dos meses sobre los supuestos hechos graves.
“Es muy significativo que al crearse la contraloría interna de la CEDH, el primer asunto que se tramita es el referente a la trabajadora Virginia Vela, quien precisamente había presentado demanda laboral en contra de la comisión, y de lo cual ya estaba enterado el Contralor nombrado, ya que actuó en calidad de representante del organismo el 14 de octubre en la audiencia de conciliación”.
Por ello, la diputada panista consideró que el nombramiento del Contralor, a más de carecer de legalidad por no estar contemplado en la Ley Orgánica de la CEDH, “se creó para aplicar la ley del garrote”.
Por ello los diputados del PAN consideran que la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura debe ir al fondo de los hechos e investigar sobre la represión y hostigamiento laboral que aplica la Presidenta del organismo, en una contradicción legal.
