Caso DVR, 3 años 'enterrado'

Hace tres años se demolió el Distribuidor Vial Revolución (DVR). El 29 de junio del 2008 se puso fin a una obra que, según se dijo en su inauguración, duraría 100 años.

Hoy, la historia de esta "magna obra" está prácticamente olvidada por las autoridades pese a que el tiempo demostró la responsabilidad compartida entre varios funcionarios del Gobierno Estatal y las empresas que participaron en el proceso de proyección, construcción y supervisión de la obra.

Errores en su proceso constructivo provocaron varios accidentes mortales que ocasionaron fuera cerrado a la circulación en mayo del 2007, tras meses y meses de opiniones diversas, la mayoría a favor.

Esto se dio luego de tres dictámenes técnicos que determinaron que sí estuvo mal hecho y no era conveniente reparar ninguno de los cuatro puentes que lo integraban.

Desde la inauguración de esta polémica obra en enero del 2004, cuando Enrique Martínez era gobernador del Estado y Guillermo Anaya alcalde de Torreón, a la fecha, sigue pendiente el deslinde de responsabilidades civiles y penales por los errores en la construcción y por los cerca de 200 millones de pesos del erario, que se fueron literalmente a la basura junto con las miles de toneladas de escombro y acero.

Y pese a haber sido un compromiso de campaña del actual gobernador con licencia, Humberto Moreira, de que se sancionaría a los culpables de acuerdo a la Ley, a unos meses de que termine el sexenio todo apunta a que seguirá la impunidad y nadie pagará por la fallida obra, bueno, sólo los coahuilenses.

Durante su mandato, Humberto Moreira cumplió parcialmente con su compromiso, ya que ordenó un nuevo dictamen estructural del complejo vial para lo que se requirieron los servicios del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que confirmó las fallas y recomendó la demolición, pues consideró que una reparación no garantizaba la seguridad.

Ni la empresa constructora Acolsa, tampoco la supervisora externa Coordina, recibieron sanción alguna pese a las fallas. Jorge Viesca Martínez, secretario de Obras Públicas del Estado, a cargo de quien estuvo esta obra y el propio ex gobernador Enrique Martínez, fueron exonerados.

En el desahogo de las diligencias de una Averiguación Penal realizada entonces por la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía General del Estado), sólo Manuel Gómez Parra, quien fungió como director general de Caminos y Puentes fue inhabilitado como servidor público.

No hubo responsabilidad penal, tampoco civil y el DVR fue demolido "a medias", pues el 29 de junio durante las primeras horas de la mañana y pese a toneladas de explosivos, no cayó totalmente y uno de los ejes, el 80, quedó en pie enmedio de una gran polvareda.

Ese viaducto cayó hasta el día siguiente, el 30 de junio alrededor de las nueve de la noche y tras horas y horas de que fue debilitado con maquinaria pesada que lo estuvo "carcomiendo".

 EN COMPENSACIÓN En el lugar donde estuvo el DVR y a lo largo de todo el bulevar Torreón-Matamoros, el Gobierno de Humberto Moreira construyó 10 puentes bajo el concepto "Sistema Vial Revolución'' que representó junto con algunas vialidades alternas, una inversión de aproximadamente 650 millones de pesos.

El fin del SVR fue agilizar el tránsito vehicular sobre el bulevar Revolución y su cruce con el Periférico rumbo a Matamoros, sobre todo atendiendo a las necesidades de crecimiento demográfico e industrial de aquella parte de la ciudad.