Una juez federal ordenó ayer aprehender a Napoleón Gómez Urrutia. (Archivo)
Acusa el sindicato minero ‘persecución política’ contra Napoleón.
Una juez federal giró una orden de aprehensión contra el dirigente sindical minero Napoleón Gómez Urrutia y tres ex líderes más, por violación a la Ley de Instituciones de Crédito. En este caso el delito es considerado grave, debido al monto del daño –que asciende a 55 millones de dólares–, y no alcanza fianza.
Luego de que la juez primero de Distrito de Procesos Penales, Silvia Carrasco Corona, librara ayer una orden de aprehensión en contra de Gómez Urrutia y tres ex dirigentes más por uso indebido de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero, el sindicato sostuvo que esa acción es una muestra clara de “persecución política”.
Carlos Pavón, secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), sostuvo que ese gremio “no se quedará con los brazos cruzados”, por lo que además de recurrir al recurso legal del amparo, realizarán paros y movilizaciones por todo el país.
El citado juzgado libró orden de aprehensión contra Gómez Urrutia; contra el ex tesorero Héctor Félix Estrella; el ex secretario del Interior, Exterior y Actas; y Juan Linares Montufar, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia.
Sobre los cuatro pesan cargos por violaciones al Artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, debido a la extinción del fideicomiso referido y por haber dispuesto indebidamente de 55 millones de dólares.
Estas acusaciones corren en paralelo a otras tres denuncias que se hicieron en contra de Gómez Urrutia y los ex dirigentes referidos por el fraude en ese fideicomiso en contra de 10 mil trabajadores.
Sobre la determinación de la juez, Carlos Pavón dijo que mientras el Gobierno Federal le teme a los verdaderos delincuentes, se empeña en una “persecución política” en contra de Gómez Urrutia y el sindicato minero.
En esta persecución, sostuvo, está involucrado el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien de acuerdo con Pavón es pagado por el dueño de Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, culpable según el secretario de Asuntos Políticos sindical de la muerte de 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.
