Hemos venido insistiendo, particularmente en nuestras entregas de las últimas semanas del año anterior y primeras del que se inicia, que acabar con los privilegios es un imperativo republicano y una de las condiciones indispensables para la consolidación democrática. Comentamos entonces que muy pronto se presentaría la ocasión de escribir algunas reflexiones más sobre los enormes salarios de los funcionarios públicos, así como de la anarquía que se observa en este ámbito.
Y en efecto, la reciente iniciativa de Felipe Calderón nos da el pretexto muy oportuno para retomar el punto más pronto de lo que habíamos esperado; y es que este tema es de la máxima prioridad para la legitimidad gubernamental, y al parecer Calderón ha querido ser sensible a ello.
Al presentar lo que se conoce como una iniciativa de ley de remuneraciones, Calderón precisó que durante décadas la manera tan abusiva y arbitraria con la que los funcionarios públicos se han autoasignado sus salarios ha ofendido a la sociedad. Por nuestra parte, hemos dicho que ello ha configurado una auténtica casta de privilegiados, por lo que es muy común que muchos mexicanos acaricien dulcemente el sueño de integrarse al grupo de los esforzados ?servidores públicos?.
La iniciativa mencionada pretende hacer modificaciones a los artículos 73 y 127 de la Constitución y en la misma se considera la homologación y control, para acabar con la discrecionalidad y la autoasignación de los ingresos de los funcionarios de los tres poderes de la Unión, así como de los organismos constitucionales autónomos, como son: el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, el INEGI y los tribunales agrarios, entre otros.
La idea es que un comité de expertos independientes sean los que determinen los sueldos y los tabuladores que regulen las percepciones.
Cabe mencionar que en noviembre pasado Pablo Gómez, del PRD, respaldado por los legisladores del Frente Amplio Progresista, presentó una iniciativa similar a fin de imponer un límite máximo a las percepciones de los servidores públicos y evitar sueldos escandalosos y pensiones millonarias, como las de los del Poder Judicial, incluyendo el TEPJF. De hecho esta ha sido una de las cuestiones sobre las que ha insistido AMLO desde hace tiempo y no solamente fue bandera en la campaña electoral pasada.
Es bueno que la ciudadanía pueda identificar los puntos de coincidencia en esta propuesta, y de muy poco le sirve la rebatinga que hay entre el PRD y el PAN para adjudicarse la paternidad de la misma.
En todo caso, si es muy importante que en el resultado final se precise, entre otras cosas, sin lugar a dudas lo que se viene manejando: que se considerará remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo, bonos, prestaciones, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, estímulos, gastos de representación, comisiones, ayudas, compensaciones, aportaciones a fondos de retiro o ahorro, pensiones y jubilaciones y cualquier otra, con excepción de los gastos sujetos a comprobación por actividades laborales?. De igual manera, que se contemple, las jubilaciones millonarias de los funcionarios del poder judicial.
Para algunos analistas no merece la pena ocuparse de los altos salarios de los funcionarios públicos ya que ello no tiene un impacto económico importante en las cuentas gubernamentales; en todo caso, afirman, lo que importa es que los funcionarios sean eficientes y den resultados.
Creemos que es una percepción equivocada. En ocasión de dar a conocer el decreto de austeridad mediante el cual se redujeron los salarios de los altos funcionarios de la administración Calderón dijo que ?debemos evitar prácticas abusivas que merman considerablemente contra el erario público?. Y para tener una idea de esa merma considerable recordemos que con tal medida, que muchos consideraron tibia, el gobierno estima ahorrar 25.5 mil millones de pesos, en un año.
En esa ocasión comentamos, sobre el ahorro que implicaría que esta medida fuera aplicada a los otros poderes de la Unión, a los organismos autónomos y a las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, y tratáramos de imaginar en cuanto sería el ahorro generado. Es una cantidad considerable que puede servir para financiar gasto social, ciencia y tecnología e infraestructura.
Más aún, se prevé que de aprobarse las reformas constitucionales serán revisados, y en su caso, ?ajustados? los salarios de miles de altos funcionarios públicos, en los diferentes órganos de donde se ejerce el gobierno y el poder en este país.
Por otro lado, no es válido comparar las percepciones de los altos funcionarios del sector privado con los del sector público, por la diferente naturaleza y objetivos que en diferentes ámbitos se maneja. Máxime, cuando el gobierno maneja un discurso de austeridad en el planteamiento del presupuesto público. En una palabra, no más funcionarios públicos millonarios y pueblo con muchas carencias. Hay tareas.
