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Congreso de Durango analizará ampliar el rango de sanciones a servidores públicos

La iniciativa fue turnada a la Comisión correspondiente para su revisión y dictaminación según se considere

Consideran pertinente modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para evitar posibles actos de corrupción en Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Consideran pertinente modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para evitar posibles actos de corrupción en Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas. (EL SIGLO DE TORREÓN)

JUAN M. CÁRDENAS

El Congreso del Estado analizará ampliar las posibles sanciones contra los servidores públicos sometidos a juicio político.

La propuesta presentada por el diputado local David Ramos Zepeda se centra en el cuarto párrafo del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas.

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En este sentido, se plantea que una vez calificada la falta o conducta infractora, previa valoración de las pruebas desahogadas y de las constancias que integren el expediente, la Comisión de Responsabilidades proponga al Pleno de la Legislatura, la imposición de mayores sanciones.

Después de la amonestación pública, se propone establecer una multa de 50 a 500 días de salario mínimo; en este sentido, la legislación vigente sólo estipula la aplicación de una multa pero no precisa los rangos económicos.

El tercer tipo de sanción que estipula la Ley vigente es la suspensión de empleo, por lo que se propone añadirle que también sea a cualquier cargo o comisión, desde un día hasta 90 días naturales.

La destitución se queda intacta, pero se propone que la siguiente modalidad de sanción, que sería la inhabilitación, se precise que sea temporal para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público desde seis meses hasta diez años.

Finalmente, se añadiría una sanción más que sería la inhabilitación permanente.

La Ley de Responsabilidades ya estipula que la autoridad legislativa será competente para imponer una o varias de las sanciones referidas, en el caso de la gravedad manifiesta o reincidencia.

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Además, si el procedimiento se desprendiera de la vista o solicitud generada por autoridad competente, el resultado del procedimiento se le hará saber a la misma con la brevedad que el caso amerite.

La iniciativa fue turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación según se considere.

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