Acusan corrupción en orden para detener demolición de bardas irregulares en Matamoros

Una llamada de "arriba" bastó para detener la demolición de las bardas que se construyeron irregularmente en tres viviendas, las cuales bloquean una calle en el ejido Guadalupe Victoria de Matamoros.

Tras demostrar que la ley los asistía, pues en la Procuraduría Agraria les dieron la razón, incluso desde 1996 en el Inegi y en el Registro Agrario Nacional ya aparece los planos de la comunidad, en donde existe esa calle, al igual que el Municipio donde se confirmó que en ningún momento se "subió" la solicitud al Cabildo para el cierre de la calle y justamente cuando el personal de Desarrollo Urbano iba a ejecutar la orden de demolición, se recibió esa llamada, que luego se enteraron los regidores del PRI había solicitaron la atención para que se detuviera el procedimiento.

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Las señoras manifestaron que hace años la dueña de la casa donde se inició la invasión, vendió el terreno del patio de su vivienda a una sobrina, quien primero se extendió un poco y luego quiso bloquear totalmente la calle, pero las vecinas que generalmente acuden a la Iglesia que se encuentra arriba de un cerro y reclamaron el derecho de paso, ya que por ese callejón el paso, por lo que falló en su intento, pero luego vendió la casa y como estaba muy chiquito el espacio el nuevo propietario si se apoderó del pedazo y convenció a las dos vecinas a que también lo hicieran a fin de hacer presión para que las quejosas dejarán de "pelear" el libre acceso.

Manifestaron que fue el 5 de septiembre que, sin tomar en cuenta de la totalidad de la comunidad o de los ejidatarios, el comisariado de nombre Juan Pablo Chavarria autorizó la construcción, pese a que la comunidad ya está considerada como "urbanización del municipio" y repitieron que la razón se las dieron en las instancias a las que acudieron, puesto que la autoridad ejidal no tienen esas facultad, incluso la autorización que entregó está escrito a mano.

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Fueron asegurados para realizar los exámenes genéticos correspondientes

Las quejosas sospechan que el diputado Raúl Onofre Contreras está interviniendo, pues luego de acudir a varias instancias, se trasladaron el 28 de octubre a Saltillo, para entrevistarse con el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, quien también les dio razón y turnó el caso al área jurídica, pero resulta que de "la nada" Ariel Cárdenas, colaborador de dicha dependencia, les argumentó que se otorgaría 15 días a los tres personas para que presentaran los documentos que acrediten la propiedad y los planos en donde afirman la calle es parte de sus predios.

"El día que nos reunimos con el secretario de Gobierno, aceptó que se estaban volando la calle, que eso era irregular y en las otras instancias que hemos acudido también nos dieron la razón y ahora resulta que les están dando ese plazo, para que presenten los documentos que perfectamente sabemos que no tienen, por que ellos presentaron un juicio de amparo en contra del Municipio y se están agarrando de la señora que si tiene el titulo de propiedad, como su todo el terreno fuera de ella. Claramente aquí hay mano negra, corrupción y suponemos que es Raúl Onofre" dijo Angélica.