Los acuerdos en Cañón de Fernández van a la espera de que se resuelvan los nuevos amparos contra Agua Saludable. (ARCHIVO)
Los acuerdos plasmados en el documento vinculante al proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna(ASL) para beneficiar al Cañón de Fernández a cambio de retirar el recurso legal de Prodefensa del Nazas no han podido cristalizarse debido a que luego surgieron más amparos en contra de las obras.
"Las acciones de ese convenio están frenadas, pero esperamos que Conagua las honre, si no, se abren a otro proceso de reclamos y de amparos y demás", expuso Francisco Valdés Perezgasga, presidente de la asociación civil. Consideró que no es de sorprender que existan diversas opiniones y visiones en relación al proyecto federal, en relación a los nuevos recursos legales que se interpusieron por parte de ejidatarios de las zonas afectadas.
Señaló que las autoridades federales sin duda están ocupadas actualmente en el tema de los nuevos amparos, por lo que no han buscado una reunión con Gabriel García, el senador con licencia que el presidente dejó a cargo de Agua Saludable, pero confió en que posteriormente se pueda tener un acercamiento sobre el tema.
En torno al acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, entre los cuales se considera la obra de Agua Saludable, Valdés Perezgasga consideró que es "fatal, porque una obra no la puedes declarar de seguridad nacional, declaras un tema, algo que amenace a la seguridad, pero no creo que el proyecta tenga los requisitos para esto".
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Comentó que este proyecto arrancó mal en La Laguna, pues debió iniciar con una consulta pero empezó con imposiciones, lo que ocasionó muchos problemas con distintos grupos interesados en el tema. Destacó, además, que había rasgos de ilegalidad, lo que abrió la puerta a los amparos.
Se afectaría también la transparencia, pues al decretarlo de seguridad nacional se puede reservar la información y ello puede derivar en opacidad. Indicó que ya existen contratos y hay materiales en el lugar para iniciar las obras, pero no se ha podido comenzar porque no han concluido las negociaciones con los ejidatarios. "Todo está muy revuelto por no haber hecho las cosas bien desde el principio", dijo.
