Empresarios ven 'exceso de poder'. (ARCHIVO)
Empresarios apoyan el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, consideran que se trata de una obra de gran relevancia y muy necesaria para la región. No obstante, ven un riesgo en la transparencia e incluso algo inconstitucional en torno al Acuerdo que presentó el presidente sobre estas obras.
Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que el tema del agua es importante y la obra se requiere, pues en el corto plazo se pudiera tener complicaciones graves en la región por el abasto, por lo que es necesario que el proyecto federal se concrete a la brevedad.
Sin embargo, advirtió que este acuerdo de seguridad nacional establece que la información sobre el millonario megaproyecto sería reservada, lo que no abona al beneficio de las obras, que son viables y se necesitan.
"No debe estar oculto, debe ser transparente, esperemos que esto no provoque una nueva manada de amparos y que se perjudique", comentó, "lo que hizo el presidente no es constitucional, no es viable, se está violentando la Constitución, entonces, lógicamente, los afectados van a promover amparos, ojalá en eso no acabemos para que se vuelva a detener este proyecto, que sí se necesita en La Laguna".
Abel Alcalá Hernández, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, señaló que no se pueden imponer las ideologías, aún siendo autoridad, pues debe prevalecer el acuerdo, la voluntad y la aceptación, de modo que se logre más de esta forma, a con una sanción o imposición.
"El blindar estas obras tiene detrás un temor de que no se les de continuidad mañana, es válido, hemos visto que se hacen obras que no se terminan, puede dar seguridad y certeza, pero si la obra es buena, no necesita este tipo de acuerdos, sería mejor firmar un pacto, que la obra siga, todo tiene una vigencia", explicó.
Consideró que es un "exceso de poder", al caer más allá de lo que se requiere.
Fernando Menéndez Cuéllar, presidente de la Coparmex, dijo que esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas "fantasma" y con giros no relacionados con la materia contractual. También, cuando el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según lo confirman los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción.
Consideró que el Decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir con un acuerdo, disposiciones que soy ley aprobadas por el Congreso, atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas, trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos. Es materialmente imposible que dependencias públicas emitan en 5 días, dictámenes y análisis profundos que eviten impactos negativos en el desarrollo de las obras públicas. Precisamente, las disposiciones legales vigentes -que se buscan evadir con el decreto- están diseñadas para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.
Expuso que, con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Exhortó al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho Decreto para que quede sin efectos.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que establece un acuerdo por medio del cual las obras públicas federales son declaradas de interés público y de seguridad nacional, con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta.
Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la -autorización provisional- (con vigencia de 12 meses) necesaria para iniciar los proyectos u obras. Dicha autorización se otorgará en un plazo de 5 días. Transcurrido dicho plazo sin que haya emitido la autorización se entenderá en sentido positivo.
