Sobrevivir no es vivir: mujeres trans en el limbo judicial en Coahuila

Grecia fue apuñalada en enero dentro de una casa ubicada en el centro de Torreón. El hecho de que su carpeta de investigación no avance, que su agresor siga libre y que las propias autoridades desconocieran su denuncia, demuestra que las barreras no sólo son jurídicas, sino profundamente estructurales.

Un hormigueo invadió su brazo izquierdo, sintió calor, pero también un inmenso frío cuando se percató que su amigo le ingresaba un cuchillo en el cuerpo.

De él recibió seis puñaladas: cinco en el brazo y una en el estómago.

“¿Por qué hiciste eso Edy?”, alcanzó a preguntar a su agresor antes de salir corriendo.

Grecia Zúñiga Velazco, una mujer trans de 32 años fue atacada a principios de enero dentro de una vivienda en el centro de Torreón. Su historia no llegó a redes, no encabezó portadas y el camino para acceder a la justicia lo ha hecho prácticamente sola, enfrentándose a instituciones que carecen de perspectiva de género y de protocolos certeros para atender casos como el suyo.

Veinticinco días después del ataque, cuando pudo levantarse de la cama, Grecia se presentó a la Fiscalía General del Estado Coahuila para denunciar la agresión que había sufrido. Ahí le sugirieron que mejor acudiera al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón; fue, pero en esa dependencia le indicaron que su caso no iba ahí, y que lo mejor sería que se devolviera a la Fiscalía.

“Entonces, ¿Qué soy? ¿Hombre, mujer o marciano? ¿Me voy a otro planeta? o ¿Cuándo me van a brindar el apoyo como ciudadana?”, recuerda que cuestionó indignada.

Lo que le pasó, Grecia lo nombra: fue un intento de transfeminicidio. Un delito que, aunque ocurre, no figura dentro del Código Penal de Coahuila.

Actualmente sólo Nayarit y Ciudad de México lo han convertido en delito penal autónomo. Aunque la Suprema Corte y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han establecido que los asesinatos de mujeres trans deben investigarse como feminicidio, la tipificación específica aún no es obligatoria en las otras 30 entidades.

En noviembre de 2022 la diputada Lizbeth Ogazón (Morena) presentó en el Congreso del Estado de Coahuila una iniciativa para añadir un Artículo 188 bis, con penas de 35 a 70 años, que consideraría el homicidio de mujeres trans (o personas dentro del espectro femenino) como un crimen de odio. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido aprobada.

Lo anterior es urgente porque, según Grecia, la violencia que se ejerce hacia las mujeres trans ocurre con frecuencia, aunque, expresó, esté invisibilizada.

EL ATAQUE

De su caso, Zúñiga Velazco relató a este diario que el primero de enero su “amigo” llegó a su casa. Aunque ella no lo esperaba, lo recibió y le pidió que la aguardara a que se arreglara para que salieran de fiesta.

Luego de asistir a dos bares ella le dijo que tenía que salir a trabajar para “pagar la renta”. Como muchas mujeres trans, Grecia ejerce el trabajo sexual, una realidad común debido a la exclusión estructural que enfrentan.

Pero esa madrugada, ya 2 de enero, Grecia no salió a las calles, fue convencida por el hombre de no trabajar, “me dijo que él me conseguiría el dinero y nos fuimos a su casa”.

Momentos después de arribar al domicilio ocurrió el ataque. “Gracias a Dios tenía la puerta abierta”. Su amigo por alguna razón cada que llegaban a su domicilio cerraba y escondía las llaves, pero ese día no fue así.

“Abrí la puerta y salí corriendo. El dolor era insoportable”.

Al estar por el sector caminó como pudo hacía el Sanatorio Español, pero se detuvo al pensar cómo pagaría esa atención médica privada, así que, también como pudo, volvió por donde había venido y tocó la puerta de la casa de una vecina de su agresor.

“Sólo recuerdo que le dije: ‘ayúdeme, no me deje morir’”. La mujer la sostuvo en sus piernas hasta que Grecia perdió el conocimiento. Abrió los ojos unas horas después en la Cruz Roja de Torreón.

“Desperté sacada de onda, porque en cinco minutos estuve al borde de morirme. Estaba desesperada porque mi madre no sabía nada, así que me quité las sonda y salí a la calle, así, en bata. Nadie me quería levantar, y pensé que me iba a morir ahí y que al no enterarse nadie lo que terminaría pasando es que me tirarían a la fosa común”.

Al final un taxista la llevó a su casa.

Hasta el 27 de enero acudió a la Fiscalía. “Me empezaron a decir que mi caso no iba ahí, qué si había un vínculo sentimental con mi agresor. Yo les dije que no. Me canalizaron al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, pero ahí tampoco me querían atender. Les mostré mi INE que dice que soy mujer, pero me decían que el caso no era de su competencia”.

Finalmente, le tomaron la denuncia. Pasó con el Ministerio Público y fue valorada por un médico legista. A casi cinco meses del hecho, su caso no registra ningún avance.

Apenas la semana pasada una amiga la alertó de que había escuchado que su agresor le había pagado a alguien para que “la levantara y le quebrara las patas”.

“No he trabajado desde entonces. Como ejerzo el trabajo sexual, me siento muy vulnerable de estar en una esquina y que me ataquen”.

El 10 de junio volvió a la Fiscalía con su amiga para que declarara sobre la conversación que había escuchado.

“Los policías de investigación ni siquiera sabían de mi caso. Me dijeron que tenía que reiterar mi denuncia porque no estaban enterados”.

Grecia no había contratado abogado porque confió que tanto la fiscalía como el centro de empoderamiento la iban a ayudar. “Pero me di cuenta que no estaban haciendo nada y que existía una omisión”.

Aunque cuenta con una medida de protección, que se traduce a disponer de un número de emergencia al que puede marcar cuando se sienta en peligro, y recibe atención psicológica, la incertidumbre la invade al no obtener una respuesta.

“¿Qué esperan? Que mi madre llegue con un ataúd a la puerta de la Fiscalía para que me hagan caso”, finalizó Grecia.

¿Qué dicen las autoridades?

Aunque esté diario acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres a preguntar sobre si existía algún protocolo para atender a la población femenina trans en contextos de violencia y también para saber cuántas habían sido canalizadas por la fiscalía durante el 2024 y lo que va del 2025, la directora de la institución María Cristina Gómez Rivas se portó omisa al decir que estaba ocupada, y se limitó a decir que la atención que recibían mujeres como Grecia, era la misma que recibían todas.

Por su parte, Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, informó para este reportaje que cualquier persona que se identifique con el género femenino tiene derecho a recibir atención adecuada, sin distinciones. Sin embargo, admitió que la canalización dependerá del tipo de agresión y del análisis jurídico del contexto.

“Si el delito es cometido por razón de género entra al Centro de Empoderamiento; si es cometido por cualquier otra causalidad externa, lo podemos atender en la delegación”, explicó.

Pese a ello, enfatizó que no debe existir una barrera entre ambas dependencias: “El centro de empoderamiento y la fiscalía trabajamos en equipo. La atención se va a dar. Tenemos que garantizar los derechos humanos de todas las personas y priorizar a las víctimas, independientemente de su identidad de género”.

Al preguntarle cuántos casos de mujeres trans violentadas habían sido canalizados al centro de empoderamiento durante el 2024 y lo que va del 2025, Rangel dijo no contar con el dato, así como tampoco de cuántas carpetas de investigación, hasta la fecha, se han abierto por este tema. Lo que sí mencionó es que casos como los de Grecia ocurren, aunque poco, pero ocurren.

A través de una respuesta que este diario localizó por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Coahuila informó que entre 2021 y 2024 no se judicializaron carpetas de investigación por transfeminicidio.

En cuanto a sentencias, se lee, se resolvieron cero casos en 2021 y 2024, cuatro en 2022 y uno en 2023 por feminicidio/transfeminicidio de mujeres trans. Finalmente dice que tampoco se registraron casos en proceso por homicidio, feminicidio o transfeminicidio de mujeres trans durante ese periodo.

Aunque el transfeminicidio como figura legal no está tipificado en Coahuila, Carlos Rangel argumentó que existen delitos que, al estar motivados por razones de género, se investigan bajo protocolos especializados y con penas agravadas.

“La Fiscalía fue creada para proteger a todas las personas. La atención debe ser plena, efectiva y con un trato humanista. Estamos para cuidarlas y ser muy determinantes en las investigaciones. El mensaje es muy claro: en Coahuila, el que la hace, la paga”.

Desde su visión, parte de ese respaldo es garantizar la atención continua: “Ahorita ya tenemos guardias 24/7, tanto en la delegación como en el Centro de Empoderamiento. Aquí ya no existe el tema de que ‘vente hasta el lunes porque es domingo’ o ‘ya cerramos a las 4’. Aquí se atiende las 24 horas”.

Rangel aseguró que la instrucción del fiscal general (Federico Fernández Montañez) ha sido clara: priorizar la atención ciudadana y buscar el “cómo sí” se puede avanzar en las investigaciones. “Nuestra obligación es ganarnos la confianza de la ciudadanía y que sepan que estamos aquí para servirles”.

Respecto a los mecanismos de atención, aclaró que los protocolos con perspectiva de género se aplican dependiendo del tipo de delito y de la motivación: “No importa quién sea la víctima, si el contexto del hecho es por una de las razones consideradas como género, entonces entra al Centro de Empoderamiento. Si legalmente no se configura esa razón, se remite a otra agencia, pero ambas son Fiscalía y ambas deben dar una atención plena”.

Sin embargo, pese a los discursos institucionales que aseguran atención sin distinción, casos como el de Grecia revelan un sistema que aún titubea frente a identidades que escapan de la norma. El hecho de que su carpeta no avance, que su agresor siga libre y que las propias autoridades desconocieran la denuncia que interpuso desde enero, demuestra que las barreras no sólo son jurídicas, sino profundamente estructurales.

Y así, en ese limbo judicial e institucional Grecia aguarda la justicia, esto a pesar de que la espera, como ella misma lo advirtió a este diario, pueda costarle la vida.

UNA LUCHA NACIONAL

La falta de protocolos claros, el desconocimiento del personal y la transfobia estructural hacen que las mujeres trans sobrevivan, más que vivan, entre el abandono y la violencia.

Así lo analizó, a través de una entrevista por Google Meet, Cassandra Manjarrez Villalobos, activista y defensora de los derechos humanos, quien mencionó que ese desamparo no es nuevo, ella misma lo ha enfrentado y ha dedicado más de 40 años a denunciarlo.

“Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudié arte dramático y dirección cinematográfica, tengo una maestría en Estudios de Género y un doctorado en Cultura de Paz y Derechos Humanos con Perspectiva de Género. Pero, sobre todo, soy una mujer trans de 56 años que ha luchado por los derechos de otras mujeres trans desde que tengo memoria”.

Desde Nayarit, donde reside, ha impulsado reformas legales que han hecho historia. Fue una de las impulsoras de la Ley Paola Buenrostro, una iniciativa que reconoce y tipifica el transfeminicidio como crimen de odio.

“El asesinato de Paola marcó un antes y un después en México. Fue asesinada frente a los ojos de su compañera Kenya Cuevas, quien también fue amenazada por el mismo agresor. Lo detuvieron… y lo dejaron libre. Ahí comenzó una lucha desgarradora: ni siquiera querían entregarle el cuerpo, porque no era familiar consanguíneo. Como si la sororidad no bastara para exigir dignidad para las nuestras.”

Cassandra narró que, luego de recuperar el cuerpo de su amiga, Kenya tomó el féretro y con él cerró una avenida principal de Ciudad de México.

Fue en el 2016 cuando Kenya Cuevas presenció el transfeminicido de Paola Buenrostro. Un momento clave que la llevó a fundar en el 2018 la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, cuyo nombre apela a Tiresias, el único personaje de la mitología griega que fue hombre y mujer en la misma vida. Así como a promover el primer albergue para mujeres trans en México, Casa Hogar "Paola Buenrostro" en el 2019.

Sobre Kenya, comparte Cassandra, su historia es dolorosa “fue expulsada desde niña, viviendo en las calles, diagnosticada con VIH a los 13 años, presa, sobreviviente… y aun así, se convirtió en una experta en derechos humanos dentro de la cárcel (donde pasó 11 años acusada falsamente de narcotráfico), sin siquiera saber leer ni escribir”.

Vivir al margen ha sido un motivo para que desde el activismo tanto Kenya como Cassandra construyan y demanden políticas públicas que blinden sus derechos como ciudadanas. Así como para exigir que el transfeminicidio sea un tema urgente para quienes dictan las leyes en México.

Y es que se trata de un tema tan invisibilizado que ni siquiera existen datos oficiales o del estado sobre este tipo de asesinatos.

“No hay cifras claras sobre transfeminicidios porque ni siquiera los forenses están capacitados para reconocer una identidad trans. Ponen ‘hombre’ en el acta, aunque encuentren a alguien con ropa de mujer o con cirugías de feminización”.

En ese sentido, la data oficial es prácticamente inexistente. Los registros actuales provienen de activistas y colectivos, lo cual refleja un fuerte problema de invisibilidad institucional.

Es a través de ellos que podemos conocer, por ejemplo, que el 2024 fue el año más letal en México al suscitarse 57 transfeminicidios, que las mujeres trans representan más del 50  por ciento de las víctimas de crímenes de odio LGBT+ y que México es el segundo país con más transfeminicidios a nivel mundial, con 701 casos entre 2008 y 2023.

En ese sentido, para Cassandra no basta con visibilizar; hay que nombrar. “Nos matan con más saña. No es lo mismo un feminicidio que un transfeminicidio. A la misoginia se le suma la transfobia, y eso cambia todo. Es indispensable que el crimen sea llamado como lo que es: el asesinato de una mujer trans.”

Desde la Casa de las Muñecas Tiresias, donde colabora como coordinadora nacional de investigación junto a Kenya Cuevas, impulsaron en 2019 la Recomendación 02 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el primer documento oficial que reconoce el transfeminicidio como un tipo penal diferenciado.

Sólo Nayarit y Ciudad de México, como ya se escribió, han incorporado ese término a su legislación. En el resto del país, las mujeres trans siguen siendo tratadas como “hombres asesinados en crímenes pasionales”.

“Nosotras decimos: lo que no se nombra, no existe. Por eso es tan importante dejarlo claro: el transfeminicidio refleja todas las violencias acumuladas que vivimos desde la infancia. El rechazo familiar, la expulsión escolar, la exclusión laboral. Muchas veces no hace falta un cuchillo: nos mata la misma sociedad”.

Sin protocolos, sin perspectiva y sin estadísticas reales, las instituciones siguen fallando. “Hay cuerpos que nunca se reclaman, identidades que nunca se reconocen”.

La solución, dice, no está sólo en legislar. Hace falta voluntad política, capacitación obligatoria, unidades de salud dignas, lenguaje correcto y trato respetuoso.

“No somos un capricho. No es vanidad estética. Son nuestras vidas. Queremos senos, sí, porque somos mujeres. Queremos hormonas, sí, porque nuestro cuerpo lo necesita. Y queremos vivir, como todas.”

En un país donde ser mujer ya implica riesgos, ser una mujer trans es desafiar a la muerte todos los días. Por eso, Cassandra insiste: hay que hablar del transfeminicidio. Nombrarlo, tipificarlo, y, sobre todo no dejarlo en el olvido.

“Quizá un día nos avergoncemos como sociedad. Así como deberíamos avergonzarnos de maltratar a un perro, deberíamos también avergonzarnos de cómo tratamos a las personas trans. Como si no fuéramos humanas. Como si no mereciéramos ni justicia, ni memoria, ni duelo”.

Y justo, a esa demanda se podría sumar el grito de Grecia Zúñiga Velazco, la mujer trans lagunera que sobrevivió a un transfeminicidio, y que actualmente sin ningún tipo de garantías ni leyes que la protejan, espera desde su trinchera desigual e invisible, que su caso resuene y que a su puerta toque la justicia.