Sectores productivos denuncian red de extorsión en La Laguna de Durango y exigen intervención federal
En una declaración conjunta, los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango han lanzado un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para frenar lo que califican como una red de extorsión institucionalizada que amenaza la estabilidad económica y social de la región.
Campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, avicultores, agricultores, prestadores de servicios y trabajadores independientes han denunciado que continúan siendo víctimas de cobros ilegales y amenazas por parte de operadores vinculados al sindicato CATEM y presuntos grupos del crimen organizado.
Según el comunicado, estas prácticas se han disfrazado bajo el nombre de “cuotas sindicales”, pero en realidad constituyen un “cobro de piso” sistemático. Quienes se niegan a pagar enfrentan represalias que van desde intimidaciones hasta agresiones físicas.
Entre las acciones señaladas como extorsivas destacan cobros por tonelada de material de construcción transportado; cuotas por movilización de ganado; intimidación para apropiarse de obras públicas y privadas; pagos forzados a comerciantes, taqueros y pequeños negocios; control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza; “Huachicoleo hídrico” con cobros de hasta 20,000 pesos por hectárea; imposición de precios y distribución en el mercado de silo forrajero y alfalfa; control ilegal de los Módulos de Riego; extorsión sistemática en operativos de alcoholímetros con injerencia delictiva.
Los firmantes del comunicado —entre ellos asociaciones ganaderas, transportistas, Canacintra, Coparmex, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y el Consejo Cívico de las Instituciones— exigen una investigación profunda del gobierno federal sobre los presuntos vínculos entre estas prácticas y el crimen organizado. También solicitan sanciones ejemplares contra funcionarios que hayan sido cómplices o negligentes.
Además, denuncian que el sindicato ha desviado sus funciones legítimas hacia actividades económicas ajenas a su objeto social, incluyendo la portación de armas por parte de su cuerpo de seguridad, lo que consideran una violación a la ley.
Los sectores productivos reiteraron su respaldo al proyecto federal “Agua Saludable para La Laguna”, considerado clave para el desarrollo regional. Sin embargo, advierten que su éxito depende de la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente ante los presuntos cobros ilegales relacionados con los Módulos de Riego del Distrito 017.
La denuncia no se limita a las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo. Los afectados aseguran que el “impuesto criminal” se ha extendido a municipios como Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo y Cuencamé, entre otros.El comunicado concluye con una convocatoria abierta a todos los sectores productivos, organizaciones sociales, cámaras empresariales y ciudadanos libres para sumarse al reclamo. “La Laguna no debe ser territorio de cárteles ni sindicatos criminales. Exigimos seguridad para producir, trabajar y vivir en paz”, afirman.
