Respaldan en Coahuila embargo de Afores a deudores alimentarios
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite el embargo de las subcuentas de retiro de las Afores a personas deudoras de pensión alimenticia fue calificada como un avance histórico por Katy Salinas, titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila.
Para la funcionaria, la resolución representa una medida legal sólida frente a una problemática persistente como la violencia económica ejercida contra mujeres, niñas y niños a través del incumplimiento de obligaciones alimentarias.
“Es un paso significativo que permitirá garantizar los derechos básicos de la niñez. El impago de pensión no es solo una omisión civil, también es una forma de violencia”, afirmó.
Salinas destacó que esta nueva disposición cierra una puerta comúnmente usada por deudores alimentarios, quienes al verse obligados judicialmente a cubrir pensiones a través de descuentos por nómina, optan por abandonar sus empleos o laborar informalmente para evitar el cumplimiento de la ley.
Ante este panorama, explicó que la Fiscalía y los Centros de Justicia para las Mujeres han comenzado a implementar estrategias de localización e investigación, en coordinación con instituciones como el IMSS, para ubicar fuentes de ingreso de quienes intentan evadir estas responsabilidades.
Pese a que la violencia económica no suele figurar de forma explícita en las denuncias penales, la Fiscal subrayó que su impacto está ampliamente documentado en expedientes familiares.
“Aunque solo el 10% de los casos que atendemos están relacionados directamente con violencia económica, muchos otros aparecen reflejados en juicios de divorcio o custodias, donde no siempre hay denuncia penal”, explicó.
La Fiscal también hizo un llamado a la corresponsabilidad parental, recordando que el derecho a recibir alimentos, techo y vestido está garantizado por ley. Asimismo, advirtió que incumplir con la pensión alimenticia puede derivar en la pérdida de la custodia legal de los hijos.
“Negarse a pagar una pensión es también una forma de violencia infantil. En la gran mayoría de los casos, el 99.9%, son los padres quienes incurren en esta omisión”, agregó.
Finalmente, Salinas reiteró que el objetivo ahora es fortalecer la coordinación interinstitucional para hacer operativa esta medida, garantizando que los recursos retenidos realmente lleguen a quienes les corresponden.
