La iniciativa de reforma en telecomunicaciones y radiodifusión compromete principios esenciales para el desarrollo del ecosistema digital y plantea riesgos sustanciales, ante lo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que se haya pospuesto su aprobación, al señalar que esto abre la ventana para revisarla a profundidad.
El organismo en La Laguna, que preside Jorge Reyes Casas, señaló que entre las deficiencias que se perciben en la iniciativa, está la eliminación de la autonomía del regulador, además de que erosiona la certeza jurídica, contraviene compromisos del T-MEC y debilita la competencia, al permitir que entidades del Estado ofrezcan servicios comerciales bajo esquemas de subsidio, con asignaciones de espectro sin licitación ni contraprestación, y sin estar sujetas a un marco regulatorio equitativo.
Esta asimetría vulnera el artículo 18.18 del T MEC, relativo a las Empresas Propiedad del Estado, y genera un entorno desigual que atenta contra la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
“Nos inquieta especialmente la facultad de la nueva Agencia para ordenar el bloqueo de plataformas digitales sin intervención judicial previa. Esta medida, contenida en el artículo 109, vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debido proceso”, se indicó.
Además, la ausencia de salvaguardas claras abre la puerta a censura previa, genera incertidumbre jurídica y podría detonar controversias constitucionales e internacionales. La ambigüedad en la definición de plataformas digitales propuesta en el artículo 3 amplía excesivamente las competencias regulatorias de la Agencia y contradice el principio de neutralidad tecnológica.
Esta redacción imprecisa permitiría regular servicios de Internet que no forman parte de las telecomunicaciones tradicionales, generando fragmentación normativa y posibles violaciones a los artículos 15.3 y 19.4 del T-MEC.
El debilitamiento del principio de neutralidad de la red es otro aspecto crítico. Al eliminarse su definición legal y dejar su interpretación a lineamientos futuros de la ATDT, se introduce un alto grado de inseguridad para usuarios, operadores e inversionistas. Consideramos indispensable conservar el texto vigente del artículo 145 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar condiciones equitativas y transparentes en el uso de la red.
Por otra parte, el transitorio décimo séptimo establece la suspensión de todos los trámites por un periodo de 60 días, lo que interrumpiría procesos fundamentales como licitaciones de espectro, autorizaciones de servicios y despliegue de infraestructura.
Esta interrupción afectaría directamente la inversión, el desarrollo de tecnologías como 5G y la innovación digital en México. El sector de telecomunicaciones representa el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera más de 265 mil empleos directos. De acuerdo con el Banco Mundial, un incremento del 10 por ciento en la penetración de banda ancha puede elevar el PIB en hasta 1.38 por ciento. Esto demuestra su carácter estratégico para la inclusión, el crecimiento económico y la competitividad nacional.
En la Confederación exhortamos al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad esta iniciativa, preservar la autonomía del regulador, eliminar disposiciones que amenacen derechos fundamentales y garantizar una transición ordenada. Una propuesta de esta magnitud debe construirse con base en el análisis técnico, el respeto a los principios constitucionales y el diálogo con todos los sectores involucrados.
