Rechazan la 'Ley Espía' en Coahuila

Luego de que las comisiones de Estudios Legislativos y Seguridad Pública del Senado aprobaran con 18 votos a favor y 4 en contra el dictamen que expide la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mejor conocida como la “Ley Espía”, diputados y senadores de la oposición se pronunciaron al respecto.

Por lo anterior, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que las nuevas leyes en materia de seguridad pública e inteligencia “representan un grave retroceso para la democracia, los derechos humanos y la autonomía de estados y municipios”.

Señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia consolidan un modelo autoritario al “utilizar la seguridad para controlar, vigilar y reprimir a la sociedad en lugar de protegerla”.

“México no necesita más control desde el poder, sino más justicia desde la ley y lo que propone el partido del oficialismo es un sistema de vigilancia masiva que, en la más completa opacidad y sin controles, dará acceso ilimitado tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como al Centro Nacional de Inteligencia para que manejen datos biométricos, fiscales, financieros, médicos, telefónicos y de geolocalización”, dijo.

Sobre la Ley de Seguridad Pública, advirtió que se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional y se da a la Guardia Nacional un carácter operativo y de reclutamiento, ignorando que “la Constitución establece en su artículo 21 que la seguridad debe ser una función civil”.

Explicó que las reformas “centralizan facultades en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyendo la suspensión discrecional de fondos federales a estados y municipios”, lo que vulnera el federalismo garantizado en el artículo 40 constitucional. También criticó la desaparición del Registro Nacional del Delito de Tortura y la falta de medidas para combatir el feminicidio y proteger a mujeres y niñas, lo que calificó como una muestra de “preocupante insensibilidad ante las violencias estructurales”.

Agregó que “la ley legaliza prácticas de vigilancia sin regulación judicial, autorizando el espionaje de dispositivos personales y la censura, lo que representa una violación clara al derecho a la privacidad y a la protección de datos”.

Sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, señaló que crea un “mecanismo de vigilancia masiva sin controles judiciales efectivos”, que otorga acceso ilimitado a datos sensibles a la Secretaría de Seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia. “Esta norma convierte a toda la población en sospechosa por defecto, quebrantando el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 constitucional”, alertó.

Por su parte el diputado local por el PAN en el Congreso del Estado, Gerardo Aguado Gómez, recientemente lanzó una advertencia contundente sobre las graves implicaciones que podría tener para los derechos ciudadanos la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada “Ley Espía”, impulsada por Morena y sus aliados.

Con estos cambios, sostuvo que se faculta a la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y otras dependencias a acceder a información personal de los ciudadanos sin orden judicial. Entre los datos que podrían ser intervenidos se encuentran información bancaria, fiscal, biométrica, de salud y migratoria, historial telefónico y de geolocalización, así como datos sobre vehículos, propiedades y pasaportes, entre otros.

Además, se contempla la creación de una Plataforma Nacional de Inteligencia y un Consejo Nacional de Inteligencia, ambos con participación militar directa y sin contrapesos efectivos. “Estamos ante una legislación que, en lugar de fortalecer la seguridad con inteligencia, debilita el Estado de derecho y vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la presunción de inocencia”, señaló.

Sostuvo que esta ley elimina el requisito de orden judicial para acceder a información privada, permite el espionaje institucionalizado sin mecanismos claros de control, supervisión ni rendición de cuentas, y militariza las labores de inteligencia, otorgando a la Guardia Nacional, hoy bajo control de la Sedena, facultades de vigilancia masiva.

Insistió en que esta reforma pone en riesgo a toda la ciudadanía, pero especialmente a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos; es decir, a cualquier persona cuyas actividades resulten incómodas para el gobierno en turno.

“No se puede combatir la inseguridad vulnerando las libertades. Esta reforma, más que una

estrategia de inteligencia, parece una estrategia de vigilancia política. Necesitamos fortalecer a las instituciones, no ponerlas al servicio del control autoritario”, puntualizó.