
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, el pasado 22 de julio. EL UNIVERSAL
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Electoral del Estado de Coahuila, las que este partido bautizó como #LeyEmpeora y que buscan aplicarse en las próximas elecciones locales del 2026.
Dichas reformas modifican las reglas para el cálculo de límites de representación, el plazo para registrar coaliciones, la fecha fija de inicio del proceso electoral, la duración de precampañas y campañas, así como la inclusión de la fotografía en las boletas electorales.
Sin embargo, el proceso legislativo violó el derecho a la participación de las minorías parlamentarias ya que se aprobaron cuatro iniciativas complejas en menos de 24 horas, sin mediar publicidad, reflexión ni discusión, para validar una decisión política predeterminada, según informó el partido mediante un comunicado.
“Bajo la falsa narrativa de establecer límites a la sobrerrepresentación y subrepresentación, la reforma establece criterios contrarios a la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que distorsiona los principios de representatividad, certeza y autenticidad del voto”, señala el documento.
También se reduce drásticamente el tiempo para formar alianzas partidistas para beneficiar a quienes ya gobiernan, dejando en desventaja a las candidaturas distintas al oficialismo para dar a conocer sus propuestas.
Asimismo, establece que el inicio del proceso electoral es el "primer día del mes de diciembre", lo que vulnera la autonomía técnica y de gestión del órgano electoral local e impide que la autoridad ajuste el calendario según las necesidades de cada elección.
Finalmente, se pretende incluir la fotografía de las candidaturas en las boletas con la intención de influir en la decisión del elector al momento de la votación, ya que favorece a candidatos con mayor exposición o recursos para su imagen.
Morena rechaza las pretensiones antidemocráticas impulsadas desde el poder político del gobierno de Coahuila para retorcer las reglas del juego antes del proceso electoral de 2026 y confeccionar un traje a la medida que sólo beneficia al oficialismo, vulnerando la equidad y la pluralidad de la contienda y el derecho de las y los ciudadanos a informarse sobre los perfiles de las y los candidatos que buscan representarlos.